Tegucigalpa, Honduras
A raíz de lo sucedido en la mina de San Juan Arriba, El Corpus, Choluteca, las autoridades investigan unas 900 solicitudes de apertura de minas, las cuales estarían operando al margen de la Ley.
Según el subsecretario de Minas, Carlos Pineda, en los últimos tres años la actividad minera ha generado 3,600 millones de dólares, a pesar de la falta de controles por la ausencia de una Ley de Minería.
Ahora que dicho instrumento fue aprobado y entró en vigencia se procederá al cierre de los lugares clandestinos que han venido operando, como es el caso de esta mina de San Juan Arriba.
El funcionario indicó que a toda explotación se le aplicará la ley, en el sentido que todo permiso debe tener el visto bueno de las comunidades a través de cabildos abiertos.
Por otra parte, el diputado por Choluteca, Yuri Sabas, puso en duda que las autoridades de la Secretaría de Trabajo hayan advertido el derrumbe de la mina de San Juan Arriba.
El secretario de Trabajo, Carlos Alberto Madero, aseguró a los medios de comunicación que horas antes advirtió sobre el peligro de derrumbes en la mina.
“Eso no es cierto y no es con el ánimo de demeritar pero en el departamento de Choluteca cada vez que un ciudadano pone una denuncia en la Secretaría de Trabajo, lo primero que hacen es pedirle el combustible para ir a los lugares”, manifestó el diputado liberal por Choluteca.
Sabas consideró que “es muy difícil que (inspectores de la Secretaría de Trabajo) vayan a una mina que está alejada de la ciudad”, insistió.
“Yo creo que tampoco podemos seguir actuando después que han ocurrido las desgracias, ya sea por falta de apoyo o por falta de regulación”, afirmó.
Expuso que se debe generar una política para que todos estos mineros artesanales puedan ser organizados en cooperativas y que tengan un respaldo fuerte del gobierno tanto en áreas de capacitación como en las áreas de trabajo, principalmente en aquellos municipios donde la minería artesanal es la principal fuente de empleo y de ingresos de las comunidades.