Después de 27 años de haber sido expropiados y que sus tierras fueran utilizadas para la instalación de la base militar aérea Soto Cano, más conocida como Palmerola, en la zona central de Honduras, grupos campesinos exigen el pago de las tierras y amenazan con llegar hasta las últimas consecuencias.
El fiscal el Grupo Campesino Palmerola, José Santos Mejía, informó que las tierras fueron expropiadas por el Banco Nacional de Fomento de Honduras (Banafom), ahora Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) en el gobierno de Roberto Suazo Córdova.
'Los trámites que estamos haciendo es para exigir al gobierno que nos pague porque es una propiedad que el Grupo Campesino Palmerola lo compró a Banafom hoy Banadesa y nos expropiaron, dijo Mejía.
Aseguró que el propósito de la lucha 'es que el gobierno se comprometa a pagarnos y a cumplir con la ley, porque aquí no estamos pidiéndole al Estado que nos dé. Lo que estamos es exigiendo es que cumplan con la ley'.
Sobre la tardanza de la solicitud, argumentó que 'en ese momento no recurrimos a la ley porque no teníamos la escritura de propiedad estaba hipotecada en el banco y fue liberada hasta el año 1992'.
Mejía sostiene que la base aérea Palmerola está funcionando sin tener parte ni derechos, nosotros cumplimos y pagamos parte de ese terreno'.
Además, indicó que en reiteradas ocaciones han buscado una entrevista el presidente Lobo Sosa, 'pero es imposible'.
Según la Ley de Reforma Agraria, la solicitud de los campesinos prescribió hace 17 años, ya que el tiempo estipulado por la ley es de 10 años hábiles.
En ese sentido, añadió que 'no es posible que la ley' solo se redacte a beneficio de los ricos, 'desgraciadamente las leyes en Honduras solo se aplican a los pobres'.
Concluyó que 'vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque creo que es justo, se debe aplicar la ley como está escrita no solo a beneficio de los ricos'.
