El director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla Valladares, oficializó el jueves a través del documentos DGPN-No.1886-2013, a la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la solicitud de aplicarle a él y al alto mando de la cúpula policial las pruebas de confianza.
Bonilla Valladares se vio obligado a retomar el tema de someterse él y la cúpula al tamiz de las pruebas de confianza tras la presión a la que fuera sometido en su comparecencia en el Congreso Nacional.
Carácter de urgencia
En el oficio enviado al titular de la DIECP, Eduardo Villanueva, “El Tigre” Bonilla le solicita que se programe “con carácter de urgencia” las evaluaciones de confianza al alto mando de la Policía Nacional, de acuerdo con los protocolos establecidos en esa dirección.
Los oficiales que serán sometidos al proceso de evaluación son los directores nacionales de la Policía Preventiva, Director Nacional de Investigación Criminal, Director Nacional de Servicios Especiales de Investigación, Director Nacional de Tránsito y Director Nacional de Servicios Especiales Preventivos.
Además de ellos, a los que integran el directorio estratégico donde se encuentran: el subdirector de Recursos Humanos, subdirector de Inteligencia, subdirector de Operaciones, subdirector de Recursos Materiales, subdirector de la Policía Comunitaria, subdirector de Informática y Comunicaciones, subdirector de Planes, Doctrinas y Estrategia y subdirector de Estadísticas.
También se someterán a las pruebas de confianza los jefes regionales del 1 al 5 de la Policía Nacional Preventiva, los 18 jefes departamentales de la Policía Preventiva, jefes metropolitanos 1 y 2, jefes municipales y unidades especiales.
En el mismo documento que fue elaborado y entregado el miércoles 10 de abril, se solicita que se evalúe al general director Juan Carlos Bonilla Valladares, “fundamentado en los procesos de transformación y certificación de nuestra institución policial, como parte del engranaje de los operadores de justicia y generadores de paz, armonía y seguridad en el país”.
El subdirector de la DIECP, Mario Chinchilla, había prometido que a finales de 2012 el comisionado general Bonilla sería sometido a estos exámenes, según dijo en entrevista a EL HERALDO, sin embargo, nunca se hizo la evaluación.
La excusa
El director de la DIECP, Eduardo Villanueva, explicó en su comparecencia el martes en la noche en el Congreso Nacional que al director de la Policía Nacional no se le podían aplicar las pruebas de confianza sin que antes se efectuara un procedimiento especial al que solo denominó como “protocolo especializado”.
“Es de nombramiento directo del Presidente de la República de Honduras y para practicarle las pruebas de confianza se requiere un protocolo especializado”, dijo ante los parlamentarios.
Según Villanueva, los poligrafistas que han aplicado el examen detector de mentiras fueron quienes le dijeron que para un director de la Policía se ocupa un proceso especial para aplicarle ese estudio. No obstante, no aclaró si el procedimiento aparte es para tramitar la aplicación del polígrafo o sobre la técnica del examen.
La Dirección de Investigación y Evaluación de la carrera Policial fue creada mediante decreto 198-2011, que la facultad para practicar las pruebas de confianza “en forma general y selectiva cuando lo estimen conveniente a todos los miembros de carrera policial”.
Y en el artículo 3 de esa ley también se refiere a la potestad de la DIECP de contarle las costillas a todos los policías sin excepción: “Créase la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial como un ente desconcentrado de la Secretaría de Estado en los Despachos de la Secretaría de Seguridad, encargada de investigar delitos y faltas cometidas por miembros de la carrera policial”.
Esta norma no establece ningún procedimiento especial para la práctica de pruebas de confianza para el director de la Policía Nacional, quien es un miembro de la carrera policial por definición de este decreto.
Al contrario, ese precepto legal dice claramente que las autoridades civiles, militares, los funcionarios y empleados públicos deben prestar la colaboración requerida a la Dirección de Investigación y Evaluación de la carrera policial.
El director de la Policía Nacional dijo en su oportunidad que si el presidente Porfirio Lobo le ordenaba someterse al polígrafo, entonces entendería como que el mandatario ya no tiene confianza en él.
En 30 días estarán listos los resultados de las evaluaciones
El titular de la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), Eduardo Villanueva, aseguró que la institución siempre ha mantenido el control de la depuración policial.
Lo que pasó es que con la Ley Especial de Depuración de la Policía que fue aprobado por el Congreso Nacional por un período de seis meses y que venció el 25 de noviembre del año anterior “es que se les facultó al director y al ministro de Seguridad que ellos podían solicitar las evaluaciones”.
“Ahora que no está en vigencia el decreto de depuración policial, nosotros seguimos teniendo nuestro estatus jurídico válido y correcto”, enfatizó Villanueva.
En cuanto a la solicitud de Juan Carlos Bonilla de que se aplique las pruebas de confianza a los miembros de la cúpula policial dijo: “yo estoy ahora mismo solicitando a la Dirección de la Policía Nacional el listado preciso, direcciones y copias de las hojas de vida de cada uno de los oficiales para someterlos a las evaluaciones y en el término de 30 días podamos tener los resultados de esta evaluación”, dijo.
Explicó que van a programar que se les apliquen las pruebas del polígrafo a dos oficiales en horas de la mañana y a dos en horas de la tarde “porque esta cosa no es así nomás, de pasarlos en serie, sino que es un trabajo técnico, sistemático y por eso estamos preparando el trabajo con el grupo de colaboradores”.
Eduardo Villanueva reiteró que de las 230 resoluciones que se enviaron a la Secretaría de Seguridad y a la Dirección de la Policía Nacional, se efectuaron en el tiempo que establecía la ley, por lo que los expedientes se revisarán uno por uno, ya que las determinaciones se tomaron en base a ley.
“Esos 230 miembros de la carrera policial deben ser separados porque se actuó en el marco del decreto de emergencia para la depuración policial y hemos estado en diálogo permanente con el ministro de Seguridad para verificar los documentos”, concluyó Eduardo Villanueva.
