El hecho de que un oficial de Policía que no pasó la prueba del polígrafo ascienda en este momento no implica que no habrá control y seguimiento de su conducta y de su carrera, dijo ayer el ministro de seguridad, Pompeyo Bonilla.
Agregó que para ello se está “fortaleciendo lo que es la dirección de recursos humanos de la Policía Nacional para tener toda la vida de un policía al centavo, como dicen en mi pueblo”.
Un ascenso de un policía implica la responsabilidad de darle seguridad al pueblo hondureño que anhela paz y tranquilidad y eso ellos deben tenerlo claro, agregó.
Si estos u otros oficiales aparecen involucrados en actos delincuenciales comprobados, pasarán inmediatamente a los tribunales de justicia la República.
Según él, en la limpieza de la Policía se está “actuando de acuerdo a lo que establece la ley, y para que una persona sea sancionada tiene que ser vencida en juicio”.
Sin embargo, este beneficio es el que no existía en la Ley de Depuración que se aprobó a iniciativa del Ejecutivo y que por no garantizar ese derecho, cuatro de cinco magistrados de la Sala Constitucional la declararon ilegal.
Cabe destacar que los oficiales ascendidos ayer se sometieron a las pruebas al amparo de esa Ley de Depuración que estuvo vigente durante seis meses, pero curiosamente, pese a haberla reprobado, no fueron dados de baja.
La ley establecía que con reprobar una de las pruebas de confianza (polígrafo, toxicológica, psicométrica o patrimonial) se podía dar de baja a un oficial o policía sin responsabilidad para el Estado.
En función de lo anterior, Bonilla no explicó por qué entonces no se aplicó la ley y se procedió a la separación definitiva de estos policías que
fueron premiados con un ascenso.
Actualmente, en el proceso de investigación, control y seguimiento de los agentes y oficiales no solo está involucrada la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), sino también la Inspectoría General de la Policía, añadió,
Sobre la reacción que ahora tendrán los oficiales despedidos por la prueba del polígrafo, Bonilla explicó que todo ciudadano tiene derecho a asistir a las instancias que le corresponden y si un tribunal le ordena que alguien sea reintegrado lo reintegrará.
