Tegucigalpa, Honduras.-La diputada del liberal, Beatriz Valle, arremetió contra su colega de Libertad y Refundación (Libre), Scherly Arriaga, por sus declaraciones sobre el fracaso del Congreso Nacional en aprobar la Ley Especial para la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH).
A través de una publicación en la red social X, Valle respondió a una acusación de Arriaga, quien responsabilizó al bipartidismo de ser el principal obstáculo para concretar la llegada del organismo anticorrupción.
“Esta muchacha tiene aire en el cerebro. El Partido Liberal votó a favor de la llegada de la CICIH, a pesar de que el decreto no sirve. Es herramienta política para descalificar. La CICIH no viene por todas las ilegalidades cometidas en el CN y el gobierno. Ya no engañan a Nadie”, escribió Valle.
El comentario fue una reacción directa a un mensaje anterior de Arriaga, quien expresó: “despacharon la Maccih y los corruptos niegan la posibilidad de que venga la CICIH. Nada sorprende. Se ponen de acuerdo, continúa el pacto de impunidad del bipartidismo. No volverán.”
El cruce de acusaciones se da luego de que el oficialismo presentara un decreto que mezcla una reforma constitucional —que requiere 86 votos y ratificación en otra legislatura— con una ley ordinaria, que solo necesita mayoría simple.
Aunque la instalación de la CICIH fue una promesa de campaña del gobierno, aún no se concreta. En medio del estancamiento, diputados de distintos partidos se culpan mutuamente por bloquear su avance.
El contexto que suma
La activista y abogada Gabriela Blen criticó también el decreto impulsado por el oficialismo, calificándolo de “populista” y una “quinta columna” contra la CICIH.
Afirmó que el proyecto fue presentado al margen de las negociaciones con la ONU y sin incluir las reformas prioritarias solicitadas por el organismo internacional.
Entre los puntos que la ONU ha planteado como condiciones necesarias para que la CICIH opere con independencia, Blen enumeró: la derogación de la Ley de Amnistía (004-2022), la reforma al Código Procesal Civil para permitir que la CICIH actúe como acusador privado, la supresión de fueros e inmunidades especiales que protegen a altos funcionarios, y la probación del Acuerdo de Escazú.
Blen recordó que estas recomendaciones surgieron del diagnóstico realizado por el equipo de expertos de la ONU y que fueron asumidas como compromiso por la presidenta Xiomara Castro al firmar el Memorándum de Entendimiento, recientemente prorrogado.
“Si de verdad el Congreso Nacional quisiera traer la CICIH, sometería a votación las reformas solicitadas por la ONU”, expresó Blen.
No se necesitan reformas
El abogado penalista y vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar, también intervino en el debate, señalando que no se requieren reformas estructurales para que la CICIH funcione como querellante adhesivo.
“Para el funcionamiento de la CICIH como querellante adhesivo, no se requiere ni reforma constitucional, ni reformas a la ley del Ministerio Público y tampoco al Código Procesal Penal”, escribió en su cuenta de X.
Menjívar explicó que al tratarse de un órgano temporal, su operación debe estar regulada por una ley transitoria, contenida en el convenio que se firme con la ONU y que luego debe ser aprobado como decreto legislativo.
“Buscar otra vía es demorar o complicar un poco más la viabilidad del ansiado mecanismo", sostivo.
La noche del miércoles 18 de junio, el Congreso Nacional sí sometió a votación el dictamen para la creación de la CICIH, pero no logró alcanzar los 86 votos necesarios, según lo exige la ley para normas de carácter especial.
El resultado refleja la falta de consensos entre las bancadas y la fragilidad del compromiso político en torno a un mecanismo que fue bandera electoral del gobierno de Xiomara Castro, quien firmó con la ONU un Memorándum de Entendimiento que sigue vigente.
