La temida “escoba azul” llegó a varias instituciones del Estado que sufrirán cambios con la nueva estructura de gobierno del presidente Juan Orlando Hernández.
Decenas de trabajadores comenzaron a ser separados de las oficinas públicas luego de las reformas realizadas al sistema de administración del Estado que ahora funciona a través de un ministro general y siete ministerios sectoriales.
Con este nuevo esquema se pretende poner en marcha un proceso de cierre y fusión de varias instituciones de gobierno para obtener un ahorro de alrededor de 4,000 millones de lempiras.
El Poder Ejecutivo confirmó en las últimas horas la desaparición de cinco secretarías de Estado: Turismo; Cultura, Artes y Deportes; Pueblos Indígenas y Afrohondureños; Planificación y Cooperación Externa, y Justicia y Derechos Humanos.
Igual suerte correrán varios institutos, direcciones, programas y proyectos que han venido cumpliendo funciones repetidas en detrimento de las finanzas públicas.
En la actualidad el sistema de administración de gobierno cuenta con más de 80 instituciones de la administración central y descentralizada, en donde se concentran más de 200 mil empleados públicos a nivel nacional.
Ayer EL HERALDO conoció que en la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa, que desaparece en la nueva estructura, comenzaron a entregar sobres blancos a decenas de trabajadores.
Fuentes de la institución informaron que al menos 100 personas serán cesanteadas en esta Secretaría, que será absorbida por la Cancillería y el ministerio general de Gobierno, que encabeza Jorge Ramón Hernández, en quien recae la responsabilidad del Plan de Nación y Visión de País.
Servicio Exterior
Asimismo, en la Secretaría de Relaciones Exteriores se comenzó con un proceso de reducción del personal tanto del servicio interno como diplomático y consular, según palabras de la propia canciller, Mireya Agüero de Corrales.
En esta institución, por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, serán cesanteadas un significativo número de personas en base a un estudio en las planillas, que se ha venido realizando en las últimas semanas.
“La idea original que ha tenido el Presidente es una reducción entre servicio interno, servicio diplomático y servicio consular”, reveló a EL HERALDO la secretaria de Relaciones Exteriores.
Cabe señalar que a finales del 2013 la Cancillería solicitó a todos los funcionarios del servicio exterior su renuncia, por instrucciones del gobierno recién instalado, de las cuales algunas ya fueron aceptadas, informó Agüero.
“Se está haciendo un trabajo de un estudio de las planillas tanto del servicio interno como del servicio diplomático y consular precisamente en función de esa reducción del aparato gubernamental que está tratando de hacer de forma general el gobierno”, apuntó.
De igual manera, se han comenzado a extender notificaciones de despido en la Secretaría de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, al igual que en las secretarías de Turismo y Cultura, Arte y Deportes.
Evaluaciones justas
Miguel Murillo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Empleados Públicos de Honduras (Andeph), manifestó que cualquier acción de despido debe hacerse en base a “evaluaciones justas” y respetando los derechos de cada trabajador.
“Nosotros estamos dispuestos a acompañar al gobierno en este proceso de reingeniería del gobierno y estamos de acuerdo que saquen a todas aquellas personas que no cumplen ninguna función en el gobierno y que son paracaidistas”, indicó.
“Lo que sí planteamos es que se respete la antigüedad de los trabajadores y las capacidades, porque hay muchos empleados públicos que han sido capacitados y que deben continuar en sus cargos”, subrayó.
El pasado 23 de enero fue publicado en el diario oficial La Gaceta el decreto 266-2013 que da vida a la ley para optimizar la administración pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y el fortalecimiento de la transparencia en el gobierno.
Cabe destacar que entre las 300 disposiciones generales que contiene el Presupuesto de la República, aprobado por el Congreso Nacional y que supera los 183 mil millones de lempiras, se indica el congelamiento de aumentos de sueldos para los empleados públicos, incluyendo el sector docente, salvo aquellos casos que son manejados por contratos colectivos.
Sin embargo, también estipula que los recursos no podrán destinarse a incrementar el presupuesto de las instituciones que reciben el porcentaje establecido en la ley, ni de las partidas de sueldos y salarios de personal permanente o temporal, ni para contratación de consultores.
15 secretarías
El decreto oficializa únicamente el funcionamiento de 15 secretarías de Estado en la administración del presidente Hernández. En este se detalla el sistema de modernización que requiere la administración centralizada y descentralizada para crear mecanismos más ágiles y que permitan responder a las necesidades de la población.
Jorge Ramón Hernández Alcerro, ministro general de Gobierno, manifestó “que estamos comenzando un proceso de transformación de la administración pública que comenzó por la designación de un coordinador general de Gobierno y dividir la administración pública en siete sectores”.
Estas siete grandes áreas de trabajo serán: Gobernabilidad, Infraestructura, Inversiones, Seguridad, Desarrollo Social, Economía y Finanzas y Relaciones Exteriores.
La parte de Gobernabilidad estará a cargo del designado presidencial Ricardo Álvarez, mientras que el sector de Infraestructura recae en el ministro Roberto Ordóñez.
El área de Inversiones en el gobierno compete al ministro Alden Rivera, la parte de Seguridad será responsabilidad del propio presidente Juan Orlando Hernández y el área de Desarrollo Social recae en el extitular de Copeco, Lisandro Rosales.
Asimismo, la parte de Economía y Finanzas será responsabilidad del titular del Banco Central de Honduras (BCH), Marlon Tábora, y el área de Relaciones Exteriores y Cooperación competerá al ministro general de Gobierno, Hernández Alcerro.
Según las autoridades del Poder Ejecutivo, en el presente gobierno solo habrá 15 secretarios de Estado a diferencia de la administración del expresidente Porfirio Lobo, que gobernó con alrededor de 38 funcionarios con rango de ministro.
