Los operadores de justicia involucrados en la lucha contra el crimen organizado recibirán el 55 por ciento de los recursos provenientes del decomiso de bienes a los narcotraficantes y otros sujetos de delitos.
Lo anterior se desprende de una reforma del artículo 78 de la Ley sobre la Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, aprobada la noche del miércoles por el Congreso Nacional.
La reforma establece que la distribución del dinero en efectivo, más sus rendimientos, utilidades o intereses, que se encuentren a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, así como el que hubiera depositado por producto de la subasta de bienes, ventas anticipadas y otros, será distribuido de la siguiente manera: un 55% para las unidades que directamente trabajen en la lucha contra la criminalidad organizada adscritas a secretarías de Seguridad y de Defensa y el Ministerio Público, y que hayan participado en la investigación, identificación o incautación de los bienes, productos, instrumentos o ganancias, sobre los cuales haya recaído sentencia definitiva de privación del dominio. Cuando participen varias unidades, el referido porcentaje se distribuirá en partes iguales.
El Poder Judicial será incluido en las distribuciones que se hagan, dice la reforma.
Un 4% de estos recursos serán para el mantenimiento de la OABI, un 2% para las instituciones que trabajan en programas de atención a víctimas de las actividades ilícitas, un 2% para los programas de protección de testigos y uno por ciento 1% para la persona natural que oportunamente y de manera eficaz aportó o contribuyó a la obtención de elementos probatorios que sirvieron para dictar la sentencia declarativa de privación del dominio.
