Tegucigalpa, Honduras.- Nueve de cada diez casos de trata de personas que son denunciados en el país quedan en la impunidad, según un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
Entre enero de 2019 y junio de 2025 se registraron 769 denuncias por el delito de trata de personas. Entre tanto, en el primer semestre de 2025, 46 personas fueron identificadas como víctimas: de ellas 31 son niñas, nueve niños, cinco mujeres adultas y una persona de la comunidad LGTBIQ+, según cifras de entidades gubernamentales.
Luego del análisis de los datos obtenidos, la ASJ aseguró que aunque la cantidad de denuncias interpuestas ante las instituciones competentes es baja, sólo uno de cada diez casos de trata de personas recibe una sentencia condenatoria en Honduras.
Las principales modalidades de trata reportadas en el país son la explotación sexual, pornografía infantil, reclutamiento criminal y adopciones irregulares. La mayor cantidad de denuncias se reportó en los departamentos de Francisco Morazán (197), Cortés (105), Yoro (39), Atlántida (37) y El Paraíso (34); entre los años 2014 y 2024.
La Comisión Interinstitucional Contra la Explotación Sexual Comercial y Trata de Personas de Honduras (Cicesct) atendió en 2024 un aproximado de 3,800 víctimas de trata de personas. Estas atenciones se dieron en Cortés y Francisco Morazán. De estos casos, el 74 % correspondían a explotación sexual comercial en perjuicio de niñas, niños y adolescentes.
Apoyo gubernamental
Para poder hacerle frente a este flagelo que afecta a miles de personas, sin distinción de edades y estratos sociales, es necesario la dotación del presupuesto necesario a las instituciones encargadas de prevenirlo y combatirlo.
La ASJ reveló que la CICESCT pasó de recibir 5.6 millones de lempiras en 2019 a percibir 38 millones de lempiras en 2025, afirmando que el aumento de los recursos asignados a esta institución estatal no ha sido significativo.
Por otra parte, es causal de preocupación el hecho de que zonas del país como el departamento insular de Islas de la Bahía, se ha convertido en un destino del turismo sexual, dónde mujeres y niñas hondureñas son captadas en contextos turísticos para la venta de servicios sexuales, incluso, mediante catálogos ofrecidos a visitantes extranjeros.
"No podemos permitir que la trata siga siendo un crimen de bajo riesgo y alta rentabilidad para los tratantes. El Estado tiene la obligación moral y legal de garantizar justicia, protección y reparación para cada víctima”, expresó Nelson Castañeda, director del Sector Seguridad y Justicia de ASJ.
