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Tegucigalpa, Honduras.- A dos años y medio de la instauración del estado de excepción en Honduras, la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), concluye que la medida en aspectos de seguridad sigue siendo un fracaso.
Actualmente, la medida se aplica a 223 de los 298 municipios de Honduras, es decir, el 75% de los municipios que constituyen el 91% del total de la población hondureña. Según el ente veedor de la sociedad civil, ese 91% de la población es objeto de restricciones de derechos en el marco del estado de excepción.
A pesar de las medidas coercitivas y prohibitivas que genera el estado de excepción, los hondureños siguen siendo víctimas de extorsión, de las secuelas que deja el microtráfico de drogas y del flagelo de inseguridad que deriva en miles de homicidios al año.
En un marco de ilegalidad
La actual administración de Xiomara Castro declaró el 6 de diciembre de 2022, el estado de excepción parcial, para que se implementara en los 73 municipios del país que registraban, en ese momento, los índices más altos de delincuencia y criminalidad.
Este número fue creciendo a medida se fueron otorgando más extensiones al estado de excepción; en la actualidad van 21 declaratorias de esa medida de seguridad.
De acuerdo con la ASJ, esas ampliaciones han sido de forma ilegal porque no han cumplido con lo establecido en la Constitución de la República, para su aplicación.
"En algunos casos, la ratificación de los decretos por parte del Congreso Nacional, se han realizado hasta con 30 días de retraso y en otros la declaratoria no fue ratificada", violentando el artículo 187 de la Carta Magna, señala la institución de sociedad civil.
De esa tesis deriva que sólo una de las 21 declaratorias de dio de forma legal, bajo una votación correcta del pleno de la Cámara Legislativa; las demás se han saltado ese requisito.
Las cifras
En el análisis de los resultados obtenidos por el gobierno y la decisión de esta acción de seguridad nacional, la ASJ detalló que de cada diez hondureños, uno es víctima directa del delito de extorsión, ejercido principalmente por maras y pandillas.
En 2024, el 11.6% de los hogares hondureños fueron víctimas de extorsión, es decir, unas 304,388 personas a nivel nacional. El motivo principal por el que en 2022, vía decreto se instauró el estado de excepción, fue precisamente para combatir ese actuar delictivo.
Datos del Ministerio Público (MP), la Secretaría de Seguridad y el Poder Judicial (PJ) señalan que el Distrito Central (DC) sigue siendo el municipio más afectado -con mayor número de denuncias-, seguido por San Pedro y Choloma, que históricamente lideraron la lista negra del delito.
Pero llama la atención que en cuanto al promedio por tasa poblacional, La Ceiba y Valle de Ángeles -dos de los municipios con mayor afluencia de turistas del país- ocupan el primer y cuarto lugar entre los que registran mayor tasa de denuncias por extorsión. De igual manera, el municipio de Tatumbla, cercano a la capital, en donde las maras han visto un sitio ideal para proliferarse.
Microtráfico y homicidios
Entre 2022 y 2024, destacan que en la zona norte del país fue dónde más se emitieron requerimientos fiscales por microtráfico de drogas. Para el caso, San Pedro Sula ocupa el primer lugar con 149 requerimientos, La Ceiba (9), La Masica (6), La Lima (3), Choloma, el Porvenir, El Progreso y Jutiapa, con dos, uno en San Luis, Comayagua y 136 el Distrito Central.
La Asociación para una Sociedad más Justa crítica el actuar frente a la extorsión, pero también reconoció el trabajo que ha hecho el Estado en el combate y prevención de los homicidios.
Desde que inició el estado excepción, el 6 de diciembre de 2022, hasta el 31 de diciembre de 2024, se registraron 6,056 homicidios. El Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, La Ceiba, Juticalpa y Comayagua son los de mayor incidencia en ese aspecto.
Sin embargo, las tasas más altas de homicidios por cada 100 mil habitantes las tienen: El Rosario, en Comayagua, San Miguelito, en Intibucá, San Francisco de La Paz y La Unión, en Olancho, e Ilama, en Santa Bárbara.
Entre tanto, los municipios más seguros durante el estado de excepción han sido: Alianza, Humuya, Mercedes de Oriente, Magdalena, Maraita, Morolica, San José (Comayagua), San Juan Gaurita, Yauyupe y Yarula; todos con cero incidencia criminal.
¿Porqué no se termina?
El exdirector de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el comisionado general en condición de retiro, Leandro Osorio, es del criterio que "el talón de Aquiles de la Policía Nacional ha sido la investigación. La mayoría de los ministros de Seguridad no han tenido ni idea de lo que es el trabajo de la Policía Nacional".
Osorio, especialista en investigación señaló que en el cargo de ministros de Seguridad se han nombrado a coroneles y generales de las Fuerzas Armadas, particulares, agrónomos; personas que no conocían en lo absoluto de temas de investigación de como fortalecer a la Policía Nacional.
"Se debe fortalecer la investigación criminal de diferentes índoles, la contra inteligencia, la tecnología. Si no fortalecemos la investigación, los medios técnicos", señaló Osorio.
Agregó: "Podemos tener a un policía y a un militar en en cada cuadra, sin embargo, los delincuentes van a seguir operando, porque a los delincuentes lo que les preocupa es que haya una investigación y si no hay, poco o nada va a bajar la incidencia delictiva".
Por otra parte, Wilmer Cálix, empresario del transporte público en la capital, criticó que el flagelo de la extorsión, especialmente en el transporte se debe a "un tema de investigación raquítico y una judicialización pésima".
Cálix lamentó que "se está trabajando en el tema de prevención y se reducen las muertes, pero no se reduce el pago de la extorsión. Lamentar que es otro gobierno que se termina y el tema de la extorsión en el sector transporte y seguimos pagando cantidades millonarias".
El transportista evidenció que de nada sirve que se haga un buen trabajo en el manejo de los reclusos en las cárceles, cuando afuera de estas hay mucha gente extorsionando, asesinando y asaltando. Recomendó que lo más indicado es la prevención, pero también la investigación y judicialización.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, con su frase: "Vamos bien", reiteró recientemente que los índices de criminalidad han bajado en el país y que la tendencia es acerrar con cifras menores de homicidios a las reportadas los años anteriores.
