TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un velo de misterio y un cerco institucional envuelven la tragedia ocurrida en la Academia Nacional de Policía (Anapo), la cual comenzó como una seductora oferta para cientos de universitarios, pues les prometía convertirse en cuatro meses en auxiliares de policía (administrativos) y con ello obtener un puesto de trabajo en la Secretaría de Seguridad. En pocas palabras, parecía la oportunidad de sus vidas, pero terminó acabando con tres de ellas.
El curso comenzó en septiembre, cuando tras aparentemente llevar a cabo un minucioso trabajo de selección, más de 500 fueron los elegidos. Hombres y mujeres de diversas edades y profesiones llegaron puntuales el domingo 11 de septiembre a la sede policial ubicada en el municipio de La Paz, departamento de La Paz, en la zona central de Honduras.
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El licenciado en informática, Jairo Josué Martínez (28), un abogado de 34 años de nombre Ronal Javier Coello Coello y el médico Kevin Jackniel Mejía, de 29, formaban parte de ese selecto grupo que se graduaría como policías en enero de 2023, pero el mismo día de su ingreso fueron llevados de emergencia a centros hospitalarios junto a unos 39 compañeros, luego de haber sufrido extraños síntomas mientras corrían por la pista de usos múltiples como parte de un cuestionado ritual de bienvenida, en donde debían correr cargando sus maletas.
Desde entonces EL HERALDO asumió la tarea de indagar lo ocurrido, pero se encontró con una muralla construida con la excusa de cumplir la ley. Ni la cúpula de la Secretaría de Seguridad, ni autoridades policiales o investigativas accedieron a explicar qué pasó ese fatídico domingo, siendo la única medida tomada hasta ahora la suspensión de las pruebas físicas en las clases y la remoción del director de la escuela policial. Otras veces ni siquiera hubo un intento por justificarse, como cuando este rotativo intentó comunicarse con la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, quien al enterarse del tema que se quería abordar, optó por ignorar los mensajes de los reporteros.
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Pero las indagaciones continuaron, por lo que a 80 días de la tragedia y luego de que las autoridades descartaron con exámenes forenses y testimonios de los sobrevivientes más de tres presunciones iniciales, EL HERALDO conoció que la hipótesis más fuerte en poder de los entes a cargo del caso es que murieron por asfixia.
Luego de tocar varias puertas, el portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, habló con este rotativo y confió que “la coincidencia que tienen los tres (cuerpos) es que el primer órgano que les colapsa son los pulmones y de ahí deriva que hayan otros órganos como los riñones y el corazón que sigan con el colapso”.
Posteriormente, Mora indicó que se presume que esto pudo deberse a una posible inhalación, pero al no saber con exactitud qué pudo haber sido, se tomó la decisión de enviar algunas pruebas al extranjero, para que sean analizadas por otros profesionales.
El equipo de EL HERALDO también solicitó conocer las autopsias de los tres aspirantes a policías, pero al acudir a diferentes instancias la respuesta fue negativa, por tratarse de información referente a un caso que está bajo investigación.
Tras varias visitas a los entes que conocen el caso, innumerables llamadas telefónicas y hasta solicitudes de información por las vías autorizadas, la Secretaría de Seguridad argumentó que “los informes sobre los avances de las investigaciones en proceso, situación y estado en que se encuentran, mientras sus resultados no sean presentados ante los órganos jurisdiccionales, son declarados como información reservada por el artículo 3 de la Ley de Acceso a la Información Pública, con base en la resolución N°SO-139-2018”. De la misma forma reaccionó la Fiscalía a través de un documento solicitado por este rotativo.
Aún así, este medio de comunicación tuvo acceso a una fuente dentro de la morgue del Ministerio Público, quien prefirió mantenerse en anonimato por motivos de seguridad, pero que aseguró que el daño pulmonar detallado por Mora se debería a un tipo de asfixia.
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“La Secretaría de Seguridad dijo que habían muerto por bebidas energéticas y es falso, que habían muerto por envenenamiento de la comida, que es falso... Pero yo no lo puedo decir. Internamente se maneja que murieron por asfixia”, dijo la fuente a los reporteros de este rotativo.
Pruebas fueron enviadas a Estados Unidos
El portavoz del MP sí reveló que las pruebas forenses fueron enviadas a un laboratorio en Estados Unidos, pues se busca esclarecer qué causó que sus órganos colapsaran de esa manera y por qué ese daño es una similitud en las tres víctimas mortales.
Además, qué hizo que las demás personas presentaran la extraña sintomatología, pues según declaró uno de los empleados del Hospital Roberto Suazo Córdoba en La Paz, “la mayoría llegó en situación inconsciente, presentando algún síndrome convulsivo”.
Tras ser ingresados a la morgue en Tegucigalpa el 11, 12 y 20 de septiembre, a los tres cadáveres se les sometió a varios análisis que posteriormente fueron enviados a los laboratorios químico-toxicológicos, pero ante la falta de equipos y profesionales en ciertas áreas, algunas pruebas se remitieron al país norteamericano para obtener datos más certeros.
Principalmente se desea conocer qué tipo de asfixia habrían sufrido los aspirantes, pues entre las más comunes se encuentran la asfixia mecánica (dentro de la cual se incluye el ahorcamiento, obstrucción de cuerpos extraños en las vías respiratorias y la sumersión), asfixia pulmonar y asfixia química.
Descartando en este caso la asfixia por ahogamiento y ahorcamiento al igual que la obstrucción de un cuerpo extraño, pues fueron muchos los afectados, el panorama para los investigadores se reduce a clarificar si se trató de asfixia pulmonar (ocasionada por padecimientos médicos) o asfixia química (al inhalar alguna sustancia tóxica).
“Se está trabajando para saber exactamente si es que ellos habían inhalado alguna sustancia y esto determinará qué fue lo que sucedió, qué fue lo que inhalaron; pero sí, ya se tiene establecido que el primer órgano que les colapsa a ellos es el pulmón, a los tres”, reiteró Mora.
Por otro lado, EL HERALDO consultó al experto forense Dennis Castro Bobadilla, quien puso sobre la mesa otro tema que los investigadores deberán considerar.
“Unos de los cuadros que provoca la muerte asfíctica es el covid-19, por las secuelas”, dijo el médico, por lo que considera que las autoridades de la Secretaría de Salud y las mismas autoridades policiales de la Anapo deberían conformar cuanto antes una comisión que se encargue de analizar el estado de cada uno de los aspirantes que aún permanecen en la Anapo, pues -a su criterio- puede haber secuelas que solo con estudios específicos se pueden identificar.
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“Eso de que ‘no tenemos covid’, como lo está diciendo la Secretaría de Salud, es falso. Está pasando que Europa y Estados Unidos están teniendo muertes; la enfermedad covid es nueva en el mundo, entonces lo que necesitamos saber es cuándo fue la última vez que tuvieron covid y en cierta medida si las personas con las dificultades que tuvieron (al ser ingresados a los centros médicos) fue porque dejó secuelas incorporadas”, opinó.
Mientras se esperan los hallazgos que puedan arrojar los análisis, la Fiscalía de Delitos Contra la Vida indaga otros elementos en el caso, con el acompañamiento de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para garantizar que el proceso investigativo se esté llevando a cabo de manera correcta.
Pero ya suman más de dos meses desde ese fatídico 11 de septiembre y mientras las pruebas tardan, la angustia se apodera de los afectados, quienes solo tienen en su poder un documento que les deja más dudas que respuestas.
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“Causa de muerte: En estudio”, dicen textualmente las notas que recibieron los parientes de los tres fallecidos al momento de reclamar sus cuerpos en la morgue y esto mismo se lee en los registros electrónicos y físicos a los que EL HERALDO tuvo acceso en el centro de ciencias forenses y a través de la solicitud de información N°SOL-RNP-338-2022 hecha al Registro Nacional de las Personas (RNP).
Tras revisar las actas de defunción registradas a nivel nacional desde el 1 de septiembre a la fecha y los ingresos a la morgue en ese mismo periodo, se constató que el cuerpo de Jairo ingresó como desconocido a las 8:50 de la noche del 11 de septiembre, procedente de La Paz y fue retirado por uno de sus hermanos a las 11:35 de la noche de ese mismo día.
Mientras que Ronal ingresó a las 12:30 de la madrugada del lunes 12 de septiembre procedente del Hospital Militar, pero fue identificado inicialmente con otro nombre, por lo que tras la correcta verificación de su información genética fue retirado de la morgue por su esposa ese mismo día a las 2:20 de la tarde.
Y una semana después, el 19 de septiembre, ingresó a las 3:00 de la tarde el cadáver de Kevin Mejía, quien falleció en una clínica privada tras luchar varios días en cuidados intensivos. Sus restos fueron reclamados a la 1:30 de la madrugada del 20 de septiembre.
Desde entonces los parientes de los tres jóvenes cargan con el luto y la incertidumbre, pues mientras intentan asimilar que no volverán a ver sus rostros, a recibir una llamada suya y que no regresarán luciendo orgullosos el uniforme de la Policía Nacional de Honduras, también les es imposible dejar de buscar explicaciones a lo que ocurrió.
Hasta el momento ha sido poco lo que las autoridades de Seguridad han revelado a la población, pues horas después de la tragedia se apresuraron a emitir un escueto comunicado en donde argumentaron que: “En ningún momento hubo intoxicación alguna por gas lacrimógeno de ningún tipo”, al tiempo que agregaron que “en todo momento se ha recomendado a los aspirantes a oficiales a no ingerir bebidas energizantes antes de ejercicios físicos” y reiteraron que no se lanzó gas lacrimógeno, pues indicaron que “es de uso exclusivo en entrenamientos antimotines, para aprender a cómo colocarse la máscara antigás y no desesperarse en momentos de control de disturbios civiles”.
Sin embargo, familiares y posteriormente las autopsias de los cadáveres descartaron el primer planteamiento, pues se comprobó que los fallecidos no consumieron bebidas energizantes.
La subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, quien visitó a los hospitalizados para conversar con ellos, sostuvo en sus redes sociales que los aspirantes negaron haber sido expuestos a armas químicas.
El 12 de septiembre también se procedió a suspender a director de la Anapo, el comisionado Marlon Vásquez Palma, para efectos de investigación y desde la Secretaría de Seguridad se dijeron dispuestos a colaborar en las indagaciones.
¿Hay responsables en la tragedia de la Anapo?
Luego del infortunio, las actividades continúan de forma normal en el centro de estudios policiales, salvo porque desde ese día se ordenó disminuir los ejercicios físicos a los estudiantes en lo que se determina si esto pudo influir en los decesos.
Otra de las acciones tomadas en el caso llegó desde el Congreso Nacional a través de la Comisión de Seguridad, luego de que la diputada Suyapa Figueroa presentara una moción para que representantes de la Fiscalía y la Policía Nacional socializaran un informe con los detalles que desde sus cargos habían podido recabar e intentar hallar una explicación a lo acontecido cuando los jóvenes promesas se encontraban en poder de la institución armada.
Tras reunirse con la comisión, ambas partes brindaron una conferencia de prensa en la que aseguraron que se deducirán responsabilidades penales o administrativas en caso de demostrarse culpabilidad por parte de los funcionarios policiales a cargo de los participantes del curso.
“Agradecemos a la Secretaría de Seguridad y al director de la Policía por su apertura en brindar la información que se necesita, pero responsabilidad existe... Esa gente llegó a hacerse un examen caminando y muchos de ellos perdieron la vida. Tenemos que determinar el nivel de responsabilidad de los hechos de ese día, pero que no les quepa dudas que culpables sí hay y vamos a llegar al fondo del asunto”, dijo en esa ocasión el diputado por Choluteca, Yuri Sabas.
Esa promesa es la que mantiene la esperanza en los adoloridos parientes de las tres víctimas, quienes hablaron con EL HERALDO, algunos bajo anonimato, pues aseguraron tener temor, pero aprovecharon para exigir celeridad en las investigaciones y que los resultados sean de conocimiento público cuanto antes.
