Tegucigalpa, Honduras.- Arcadia Foundation expresó este miércoles su reconocimiento a los diputados del Congreso Nacional que, en ejercicio de una facultad constitucional de control político, han impulsado la apertura del juicio político contra el Fiscal General de la República, Johel Antonio Zelaya Álvarez.
"La Fundación considera que esta decisión representa un paso institucional de gran importancia en un país que durante demasiado tiempo ha padecido la degradación de sus órganos de justicia, la politización de la función pública y la peligrosa normalización de la impunidad".
"Cuando un alto funcionario llamado a defender la legalidad termina envuelto en graves cuestionamientos por omisión, selectividad o desviación de sus deberes, el silencio institucional deja de ser prudencia y se convierte en complicidad. Honduras no puede resignarse a que los mecanismos constitucionales de control existan solo en el papel", amplía mediante un comunicado.
Arcadia Foundation expresó que si el juicio político ha sido abierto, debe llevarse hasta el final con rigor, con transparencia, con pleno respeto al derecho de defensa y con la seriedad que exige el interés nacional. "Lo que el país no necesita es una escenificación pasajera que concluya en el olvido. Lo que necesita es una señal inequívoca de que la ley también alcanza a quienes ocupan las más altas posiciones del Estado".
"En este contexto, resulta imposible ignorar un hecho que ha lacerado profundamente la confianza pública: el escándalo del narcovideo. Más de un año y medio después de que saliera a la luz un material de extrema gravedad que comprometía a una figura central del entorno político gobernante, y después de que esa participación fuera incluso admitida públicamente, Honduras sigue sin ver una respuesta penal seria, proporcional y creíble. Esa omisión no puede ser trivializada. La pasividad ante hechos de semejante magnitud constituye, en sí misma, una forma de deterioro institucional y una afrenta al principio de igualdad ante la ley", amplía el comunicado.
Arcadia Foundation sostiene que, si del juicio político resultan acreditadas conductas incompatibles con la dignidad y obligaciones del cargo, el Congreso Nacional no debe limitarse a una sanción política formal. Corresponde también remitir los antecedentes a las instancias competentes para que se determinen las responsabilidades éticas, administrativas, civiles o penales que en derecho www.arcadiafoundation.org 2 procedan.
"La democracia no se defiende únicamente separando del cargo a quien ha fallado; se defiende también impidiendo que la omisión, la selectividad y el abuso funcional queden sin consecuencia ulterior", enfatiza.
Del mismo modo, la Fundación exhorta al Congreso Nacional a asumir una tarea más profunda y duradera: la depuración real del sistema de justicia hondureño. El país no puede seguir aceptando nombramientos determinados por cuotas, pactos de conveniencia o improvisaciones políticas para cargos que exigen independencia, solvencia moral, competencia técnica y auténtica vocación republicana.
Honduras merece fiscales, magistrados y altos funcionarios cuya trayectoria, formación y carácter estén a la altura de la responsabilidad histórica que se les confía. Por ello, Arcadia Foundation llama a promover reformas que eleven de manera sustancial los estándares de idoneidad para los cargos superiores del sistema de justicia, fortalezcan los procedimientos de selección pública y meritocrática, y cierren el paso a toda captura partidista del Ministerio Público, de la Corte Suprema de Justicia y de las demás instituciones llamadas a resguardar el Estado de Derecho.
La depuración institucional no puede ser selectiva ni episódica. Debe alcanzar a todos aquellos funcionarios que, por acción u omisión, hayan comprometido la independencia judicial, la integridad del sistema electoral, la persecución penal objetiva o la confianza de la ciudadanía en la justicia.
Honduras no saldrá de su ciclo de descrédito si continúa tratando como episodios aislados lo que en realidad forma parte de una enfermedad estructural.
Arcadia Foundation reitera, en consecuencia, su respaldo a todo esfuerzo constitucionalmente legítimo orientado a restablecer la responsabilidad pública, romper con la impunidad y reconstruir un sistema de justicia digno, idóneo y verdaderamente independiente. Honduras merece instituciones al servicio de la ley, no de clanes, partidos ni componendas de ocasión.
