Investigaciones continúan
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Miami, Estados Unidos.-La audiencia de sentencia contra el exfuncionario hondureño Francisco Cosenza fue nuevamente reprogramada en Estados Unidos, esta vez para el próximo 5 de mayo de 2026 a las 4:30 de la tarde (hora local), según un aviso oficial del tribunal.
De acuerdo con la notificación judicial, el cambio responde a una corrección en el expediente vinculada a la orden sobre la moción de aplazamiento de la sentencia, en la que se establece la nueva fecha para la lectura del fallo.
Esta reprogramación se produce en medio de complicaciones de salud del exfuncionario, quien recientemente sufrió una caída asociada a problemas renales, situación que ha incidido en el desarrollo del proceso judicial.
No es la primera vez que la audiencia de sentencia de Cosenza se pospone. Inicialmente, la lectura del fallo estaba prevista para el 31 de octubre de 2025, pero fue reprogramada para el 18 de noviembre del mismo año por decisión judicial.
Posteriormente, la defensa solicitó nuevas prórrogas argumentando motivos médicos y la necesidad de realizar evaluaciones neuropsicológicas, lo que llevó a un nuevo aplazamiento del proceso.
En diciembre de 2025, el tribunal volvió a diferir la audiencia para febrero de 2026, luego de que se informara que Cosenza había sufrido un derrame cerebral que afectó su estado de salud y requería estudios especializados.
Más adelante, la sentencia fue nuevamente reprogramada para este 18 de marzo, tras reportarse que el exfuncionario había sido hospitalizado luego de una caída.
Con el nuevo cambio de fecha para mayo, el caso acumula múltiples reprogramaciones, en su mayoría relacionadas con condiciones médicas del acusado, lo que ha retrasado la resolución final del proceso.
Cosenza fue extraditado desde Honduras en abril de 2024, tras ser capturado en Tegucigalpa, para enfrentar cargos ante la justicia estadounidense por su presunta participación en una red de corrupción.
El caso es considerado uno de los más relevantes vinculados al manejo de fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, un programa destinado a financiar equipamiento policial y militar, pero que ha sido señalado por irregularidades en la adjudicación de contratos.
Tras declararse culpable de cargos relacionados con lavado de activos y sobornos, el exfuncionario ya no enfrentará juicio. La audiencia pendiente definirá la pena final, que, según la Fiscalía de Estados Unidos, podría alcanzar hasta 10 años de prisión.
