Tegucigalpa, Honduras.-La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció públicamente que durante el proceso electoral de 2025 se registraron actos de acoso y presiones contra integrantes del pleno, incluyendo a sus hijas, en un contexto que calificó como un intento de vulnerar el orden democrático del país y también se solidarizó con la consejera Cossette López.
Hall sostuvo que “se intentó secuestrar el proceso electoral y vulnerar las bases democráticas de Honduras”, asegurando que no se trató de hechos aislados, sino de acciones coordinadas para impedir la declaratoria de elecciones. Señaló que ambas enfrentaron ataques constantes mientras cumplían con la organización y defensa de los comicios, en medio de un ambiente de alta conflictividad política.
En su pronunciamiento, la consejera presidenta indicó que hubo campañas de odio, presiones y episodios de violencia sin límites, y advirtió que lo ocurrido no debe minimizarse ni quedar en el olvido. “La democracia no es un libro al que se le pasa la página cuando incomoda”, expresó, al pedir que se sienten precedentes claros para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Por su parte, Cossette López emitió un mensaje separado en el que abordó la discusión sobre posibles juicios políticos y la actuación del sistema de justicia tras las elecciones de 2025. En su declaración, cuestionó a sectores que —según dijo— podrían favorecer la impunidad de quienes atentaron contra la institucionalidad democrática, y advirtió sobre las consecuencias de eventuales negociaciones políticas.
López afirmó que las demoras judiciales han impedido obtener respuestas a sus denuncias, señalando que han transcurrido más de 105 días sin resoluciones de los tribunales ante sus reclamos de justicia, planteados en su nombre y el de su hija. También sostuvo que algunas posturas públicas de respaldo contrastan con acciones que, a su juicio, bloquean avances en los procesos legales.
Ambos pronunciamientos reactivan el debate sobre la crisis postelectoral de 2025, la independencia de las instituciones y la necesidad de esclarecer responsabilidades.
Hasta la fecha no han abierto procesos derivados directamente de estas denuncias, mientras distintos sectores mantienen la discusión sobre eventuales responsabilidades políticas y judiciales.
