Tegucigalpa, Honduras.-La exdiputada Maribel Espinoza afirmó que el Congreso Nacional está obligado a impulsar juicios políticos contra funcionarios y exfuncionarios señalados por su actuación durante la crisis electoral de 2025, advirtiendo que no hacerlo enviaría “un mensaje de impunidad” a la población.
Espinoza sostuvo que el Poder Legislativo debe actuar conforme a la Constitución y responder a los señalamientos realizados por consejeras electorales sobre presiones y persecución. “Es obligado para este congreso hacer ese juicio político. De no hacerlo, lo único que daría es un mensaje de un acuerdo de impunidad”, expresó, al tiempo que llamó a la ciudadanía a exigir el cumplimiento del marco constitucional.
En sus declaraciones mencionó directamente al consejero Marlon Ochoa y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, señalando que deben ser sometidos a proceso político.
También pidió que el fiscal general sea citado a interpelación legislativa como paso previo a un eventual juicio político, por su papel ante las denuncias relacionadas con el conflicto postelectoral.
La exparlamentaria aseguró que, según información que calificó como confiable, agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se habrían mantenido frente a las viviendas de consejeras electorales durante el período de crisis, lo que —según dijo— formaba parte de un patrón de persecución. Además, afirmó que la situación llevó a que funcionarias buscaran resguardo en sedes diplomáticas para poder concluir el proceso electoral.
Espinoza también señaló que el país estuvo “a punto de un golpe de Estado provocado desde el mismo gobierno” y agregó que deben deducirse responsabilidades a otros actores, incluyendo a un jefe militar —a quien identificó como Roosevelt— por, según sus palabras, “manchar la dignidad” de las Fuerzas Armadas de Honduras. Indicó que estos hechos no deberían quedar sin investigación ni sanción.
En su llamado final, instó al presidente del Congreso Nacional de Honduras a abrir los procesos correspondientes y planteó que el Ministerio Público debería iniciar acciones contra el expresidente del Legislativo Luis Redondo y la exmandataria Xiomara Castro.
