Tegucigalpa, Honduras.- América Latina se consolida como la región más peligrosa para los defensores del medio ambiente, al concentrar el 85% de los 2.016 asesinatos registrados a nivel mundial en los últimos diez años, según el último informe de la organización Global Witness. Solo en 2023, se contabilizaron 196 asesinatos, casi la mitad de ellos de personas indígenas o afrodescendientes.
En este contexto crítico, se llevó a cabo el Tercer Foro sobre Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, donde representantes de Estados, organizaciones sociales y pueblos indígenas abordaron estrategias para proteger a quienes arriesgan su vida en defensa del planeta.
De los 18 países donde se documentaron estos crímenes, 11 pertenecen a América Latina, lo que evidencia una crisis estructural de protección. Para el caso, Honduras se ubica en la tercera posición con 18 asesinatos de defensores ambientalistas (tres registrados en últimos meses), solo superado por Colombia que encabeza la lista con 79 asesinatos en 2023, la cifra más alta registrada en un solo país desde que se realiza el monitoreo.
Le siguen Brasil (25), México y Honduras con 18 asesinatos cada uno, y Filipinas (17).
Durante el foro, líderes indígenas expresaron su preocupación por la ausencia del Estado y la falta de aplicación efectiva de las normativas. “Un líder indígena no tiene la misma protección que un funcionario o un artista. Cuando atacan a un indígena, es como si fuera uno más”, denunció Jamner Manihuari, de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA).
Dina Juc, autoridad de la Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques, subrayó la necesidad de apoyo psicológico y legal para las familias de defensores asesinados, en particular para mujeres que quedan en situación de vulnerabilidad junto a sus hijos tras estos crímenes.
El foro también avanzó en la construcción de una guía para la transversalización de género dentro del Acuerdo de Escazú, instrumento regional que obliga a los Estados firmantes a proteger a los defensores ambientales. No obstante, solo 17 países han ratificado el tratado, y naciones con alta conflictividad como Brasil, Perú y Guatemala aún no lo han hecho.
En Perú, según AIDESEP, 35 defensores han sido asesinados en la última década, mientras que en Chile, aunque los homicidios son menos frecuentes, existen más de 230 conflictos socioambientales activos. La violencia no es el único problema; también lo es la criminalización y persecución de quienes alzan la voz en defensa del territorio.
Óscar Daza, representante indígena colombiano, propuso que los pueblos indígenas tengan representación directa en la toma de decisiones del Acuerdo de Escazú, como medida afirmativa para enfrentar las desigualdades históricas. “Queremos voz, voto y protección efectiva”, afirmó durante su intervención.
Desde la sociedad civil, la organización peruana DAR reafirmó su compromiso con la defensa de los derechos indígenas y destacó que la plena implementación del Acuerdo de Escazú sigue siendo clave para revertir esta tendencia de violencia. “La protección de defensores no es solo un derecho, es una deuda de justicia con la Tierra”, dijo Gianella Guillén, especialista de la institución.
Como próximo paso, la ALADTI participará activamente en la consulta pública de la guía de género y en la Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, en agosto en Ciudad de México. Este evento será clave para consolidar el enfoque de género y fortalecer la protección de mujeres indígenas defensoras ambientales.
