En el marco de la campaña “Defendamos a defensoras y defensores”, impulsada por Justicia Alimentaria, Ingeniería Sin Fronteras y cinco organizaciones de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala (Mama Maquin, ACUA, FIAN, La Vía Campesina y ATC), se está exigiendo que los gobiernos se adhieran al Acuerdo de Escazú para brindar mayor transparencia, acceso a la información ambiental y participación pública en lo relacionado a proyectos ambientales, y en el caso de Nicaragua se exige su cumplimiento porque ya está suscrito al Acuerdo.
El Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú) es un instrumento regional vinculante que promueve el acceso a la información ambiental, participación pública, garantías que son de vital importancia para asegurar la participación equitativa, oportuna y plena de las comunidades y de sociedad civil en los proyectos de desarrollo.
El Acuerdo garantiza el acceso a la justicia en asuntos ambientales con el fin de proteger a los ambientalistas, quienes por su labor en la defensa de la vida, territorio y bienes comunes son criminalizados, asesinados, entre otras cosas. Representantes de las organizaciones que impulsan la campaña expresaron que: “En Centroamérica ocurren ataques constantes a las y los defensores del ambiente, entre ellos indígenas, dirigentes rurales, activistas de organizaciones ambientales, líderes de organizaciones afrodescendientes, que en algunos casos han encontrado la muerte.
El poder contar con una herramienta jurídica vinculante que los protege nos indica que tenemos una región que no solo se compromete con el desarrollo sino que además promueve que sea sostenible respetando la vida y los derechos de todos y todas, por lo cual es un paso necesario para la región”.
