Nuevo uso para la Casa Presidencial abandonada: sufrirá otra remodelación

Tegucigalpa, Honduras.- La nueva y costosa Casa Presidencial, ubicada a un costado del Centro Cívico Gubernamental (CCG), sigue inconclusa pese a millonarias inversiones y ahora será sometida a un proceso de remodelación para albergar instituciones públicas que actualmente pagan alquiler fuera del complejo estatal.

La Unidad Investigativa de EL HERALDO Plus conoció que a inicios de febrero de 2026, las autoridades de la concesionaria que maneja el CCG se reunieron con una comisión encabezada por el ministro de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Emilio Hércules, quien se comprometió a terminar el proyecto.

El Cuerpo Bajo D, como se le identifica en los planos constructivos, es un edificio de siete niveles que colinda con la actual Casa de Gobierno José Cecilio del Valle. La construcción inició en 2018, durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández.

En un principio se estipuló que el moderno complejo estaría concluido en un año, es decir, debía entregarse en junio de 2019. Sin embargo, han transcurrido casi ocho años y la edificación se ha convertido en un enorme elefante blanco: sigue inconclusa y sin ningún uso.

La construcción del monumento arquitectónico está a cargo de la empresa Desarrolladora y Operadora de Infraestructura de Honduras (DOIH), que además lidera la concesión para la operación y mantenimiento del CCG hasta 2046.

Al inicio, la obra estaba valorada en casi 14 millones de dólares, es decir, más de 340 millones de lempiras, con un área de construcción de 8,057 metros cuadrados. No obstante, con el paso de los años el presupuesto y el metraje han ido en aumento.

Fuentes de EL HERALDO Plus relacionadas con el proyecto detallaron que originalmente la obra contemplaba seis niveles y dos plantas bajas, con el fin de que funcionara como Casa Presidencial. Para ello se realizó un diseño especial, en coordinación con las autoridades del Poder Ejecutivo de ese entonces.

El interior del complejo incluía el despacho presidencial, un salón para el Consejo de Ministros, oficinas administrativas, vestíbulos, sala de prensa, un helipuerto en la torre uno del CCG y rutas de ingreso y evacuación exclusivas.

El problema surgió porque desde el gobierno no se completó el pago de los casi 14 millones de dólares. Según la fuente, únicamente se construyó la estructura —obras grises, instalaciones eléctricas y de fontanería, además de algunos acabados—, quedando pendiente la fachada inspirada en el cero maya, que hasta la fecha no se ha ejecutado.

Todo quedó en el abandono, debido a que de los casi 14 millones de dólares, a la empresa desarrolladora solo le desembolsaron 11 millones de dólares aproximadamente, provocando la paralización del proyecto. No obstante, el presupuesto ha ido en aumento, al igual que la cantidad de metros cuadrados, es decir, el monumento se ha hecho más grande.

Documentos a los que tuvo acceso EL HERALDO Plus establecen que durante siete años se han realizado al menos seis addendas, con el fin de modificar el edificio a los gustos y comodidades que las autoridades demandan.

Por ejemplo, el 25 de enero de 2019 se firmó la addenda número dos, por un valor de 3.2 millones de dólares, aumentando el contrato a más de 17.2 millones de dólares, con un plazo de construcción de un año.

Este presupuesto contemplaba adicionar un piso más, es decir, pasando de seis a siete, con una dimensión de 966 metros cuadrados, además de realizar adecuaciones nocturnas de un helipuerto, refuerzos estructurales en muros, instalación de cristalería blindada, construcción de torreones y adecuaciones solicitadas por la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

La fuente explicó que el Inversionista Operador Privado (IOP), en este caso el Grupo Ingeniería, Arquitectura y Asociados (GIA) y que se constituyó en Honduras como DOIH, trabajó en las addendas y las solicitudes de las autoridades, pero al no reportarse desembolsos de recursos se frenaron las labores.

La otra addenda costosa fue la número cinco, que se aprobó el 24 de septiembre de 2021, es decir, a pocos días de que terminara la administración del expresidente Juan Orlando Hernández. Este agregado establecía un plazo de 260 días con el fin de que el edificio estuviera terminado el 11 de junio de 2022, ya en la administración de la exmandataria Xiomara Castro.

El valor de la nueva inversión era de 3.1 millones dólares, situación que significaba un aumento al contrato inicial, alcanzando los 20.3 millones de dólares, pero sin que se realizaran los desembolsos.

El espacio de construcción aumentó a 10,000 metros cuadrados, contemplando la adición de un nivel de cocina, con una superficie de 977 maestros cuadrados y revestimiento de muros en granito y mármol en diferentes niveles.

Además, se estipulaba la instalación de pisos de madera en los niveles 5 y 7, y la adecuación de una sala de usos múltiples.

A pesar de haberse aprobado las addendas, no hubo avances en los nuevos diseños de construcción, ya que, según datos del IOP, a febrero de 2026 la obra estaba en un 65% en toda la estructura por falta de presupuesto.

Informes de la Superintendencia de la Alianza Público Privada (SAPP) identifican como uno de los problemas el bajo rendimiento constructivo, ya que en 2019 se observó que las actividades en el Cuerpo Bajo D presentaban avances por debajo de la programación interna del supervisor.

Esta situación dificultó la finalización de la etapa de actividades previas en la fecha establecida.

Asimismo, entre 2024 y 2025, se reportó el vencimiento de los hitos de avance de obra 1, 2 y 3 de los trabajos adicionales del Cuerpo Bajo D contemplados en el programa de construcción del addendum número 6 al contrato de APP.

Este agregado se refiere a las solicitudes que hizo la administración del partido Libertad y Refundación (Libre) a inicios de 2024, después de dos años de ignorar el avance de la construcción, para modificar el diseño, según conoció EL HERALDO Plus de fuentes conocedoras del proyecto.

“En el 2024 el gobierno pasado dijo que sí quería estar allí (en el Cuerpo Bajo D)”, estableció la fuente, pero requirieron mejorar las condiciones de seguridad y modificar los diseños interiores de algunos pisos.

Ante las nuevas solicitudes, por medio de Finanzas el gobierno decidió aprobar la asignación de un nuevo presupuesto de 1.09 millones de dólares, es decir, más de 28 millones de lempiras, con un plazo de remodelación de 270 días a partir del 13 de marzo de 2024, es decir, que la obra debía ser entregada el 8 de diciembre de ese mismo año.

El tamaño se mantenía en los 1,000 metros cuadrados de construcción y las peticiones de las remodelaciones estaban orientadas a la adecuación de las plantas bajas, 01 y 02, actualización de las volumetrías (los espacios) y costos de 2018 a 2024 a nivel del CCG, y actualización de sistemas de seguridad y del salón de usos múltiples.

La fuente detalló que Castro y su equipo solicitaron habilitar una sala de prensa, con el fin de contar con un auditorio para realizar las conferencias en el palacio del Ejecutivo y acondicionar una cocina en la edificación.

En materia de seguridad pidieron mejorar el sistema de videovigilancia y monitoreo, contar con un sistema de comunicaciones internas de la Casa de Gobierno y mejorar los accesos entre el Cuerpo Bajo D y el actual palacio de Gobierno.

A pesar de haberse aprobado las modificaciones como parte de la addenda número seis, la Secretaría de Finanzas nunca hizo efectivo el desembolso del dinero, lo que impidió la finalización de las obras.

Datos de DOIH establecen que el presupuesto para la construcción de la nueva Casa Presidencial pasó de casi 14 millones de dólares en 2018 a más de 21.3 millones de dólares en 2024, es decir, más de 550 millones de lempiras al cambio actual.

Sin embargo, hasta inicios del 2026 apenas se habían acreditado 11 millones de dólares, es decir, que restan por recibir entre 9 y 10 millones de dólares para completar la obra.

Durante la visita que realizó una comitiva de la actual administración de Nasry Asfura a inicios de febrero, se ordenó al concesionario hacer una evaluación para optimizar los espacios y que la Casa Presidencial en proceso de construcción sea utilizada por aquellas instituciones que siguen pagando alquiler y que se localizan fuera del Centro Cívico Gubernamental.

La fuente aseguró que el edificio se adapta a las peticiones que hagan las autoridades, debido a que los pisos altos ya están terminados y los bajos están a un paso de culminar, así que todo depende de la decisión que tomen las autoridades.

El problema es que el tiempo transcurre sin que el edificio se termine o preste algún servicio para el Estado, situación que implica que el presupuesto para terminar su adecuación se eleve constantemente.

Estimaciones de DOIH indican que las instalaciones son similares a las del CCG y perfectamente se pueden acondicionar para nuevas oficinas en un plazo no mayor a 20 meses, con el objetivo de habilitar espacios para al menos 1,000 empleados públicos.

El titular de Finanzas afirmó a EL HERALDO Plus que cuando la empresa a cargo entregue el edificio planean darle uso “y habrá que meter instituciones que están pagando alquiler en otros lados”.

Hércules confirmó que el proyecto se terminará en la administración del presidente Asfura, pero él no lo utilizará como Casa de Gobierno, es decir, que mantendrá su funcionamiento en el actual edificio.

El funcionario no detalló de cuánto será la inversión para la edificación, pero sí evidenció que existe la anuencia del presente Gobierno de terminar la obra.

Una vez que se complete la construcción y acondicionamiento, el gobierno tendrá que negociar la incorporación del Cuerpo Bajo D a la operación y mantenimiento como parte de la concesión del complejo gubernamental.