Casi 10 mil solicitudes de información fueron ignoradas o denegadas por instituciones
Las instituciones recibieron más casi 60 mil solicitudes en seis años, pero no todas tuvieron una respuesta favorable. Expertos señalan que la normativa debe fortalecerse y autoridades hablan de sanciones para quienes incumplan
- Actualizado: 24 de febrero de 2026 a las 23:30
Tegucigalpa, Honduras.- Aunque una ofensiva ciudadana le apuesta a la rendición de cuentas y el acorralamiento de la corrupción estatal, las instituciones públicas siguen denegando solicitudes de información y, otras, ni siquiera las contestan.
Entre 2020 y 2026 (en los últimos seis años) las 463 instituciones del Estado han recibido 59,886 solicitudes de información, pero de esta cifra, la gestión pública aún mantiene una brecha de opacidad de casi 9,573 casos denegados o ignoradas.
El número de solicitudes realizadas muestra un masivo empoderamiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública (LTAIP), aunque también evidencia que es necesario seguir concientizando a la población sobre las instancias que tienen a su disposición para obtener respuestas.
Según los registros del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), en estos seis años un total de 50,313 peticiones obtuvieran respuesta. Estas acciones de la ciudadanía muestran una vigilancia social creciente que busca someter el manejo de los recursos del Estado a un escrutinio permanente y riguroso.
Los datos en poder de este rotativo coinciden, al menos entre 2020 y 2024, con los publicados por Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos de Honduras (Asopodeuh) a finales del año pasado. Sin embargo, con las peticiones registradas durante todo el 2025 —que no están incluidas en ese documento de la ONG— las cifras aumentaron, evidenciando que la ciudadanía actualmente ejerce una mayor vigilancia de la administración pública.
En 2020, un año marcado por la incertidumbre y la pandemia del covid-19, los entes del Estado recibieron un total de 6,369 solicitudes de información. De ellas 4,517 fueron respondidas, no obstante, 1,852 quedaron sin respuesta.
El 2021 superó al anterior en volumen, con 6,281 solicitudes. Ese año mostró una ligera mejora en la respuesta: hubo 4,896 peticiones atendidas, pero otras 1,385 quedaron sin contestar, manteniendo una brecha que resalta la necesidad de fortalecer los mecanismos de cumplimiento.
El 2022 fue un año de un salto significativo en la demanda, con 10,420 solicitudes. En este año 8,643 peticiones fueron respondidas y 1,777 quedaron sin respuesta, un número que aún representa un desafío considerable para las autoridades. En 2023, la cifra de solicitudes fue de 11,245 con 10,151 respuestas y 1,094 sin entrega de información. En el año 2024, se registraron 13,142 solicitudes, 11,442 respondidas y 1,700 no contestadas.
El 2025, la cifra de peticiones fue de 12,429, de estas 10,664 recibieron respuesta y 1,765 fueron denegadas. La Secretaría de Salud, Ministerio Público, Secretaría de Educación y la Secretaría de Finanzas, fueron los entes que recibieron mayores solicitudes.
Hermes Moncada, comisionado del IAIP, afirmó que solo en el primer semestre de 2025 un total de 141 exfuncionarios del gobierno anterior no entregaron información pública a los solicitantes. Moncada adelantó que, tras un proceso legal, aplicarán sanciones a los titulares de las instituciones por no cumplir con la normativa.
"El Instituto de Acceso a la Información Pública va a abrir proceso sancionatorios, después de seguir un debido proceso al derecho de defensa y llamarlos a audiencia para que ellos puedan justificar, si tienen elementos justificantes, para poder después emitir una resolución justa y motivada conforme a la ley, a la normativa nacional e internacional, hasta una posible sanción", detalló.
Recordó que las sanciones, según la normativa, son de uno hasta 50 salarios mínimos, todo depende de la gradualidad. La sanción será para el titular de la institución.
Poca transparencia
La periodista Rosa Rodríguez Morazán, investigadora y redactora del informe “Entre la libertad y la censura, Estado del espacio cívico en Honduras” para Asopodeuh, sostuvo que el acceso a la información pública constituye un derecho ciudadano fundamental, porque cuando la población hondureña recibe información completa, oportuna, verificable y útil, cuenta con los insumos necesarios para su toma de decisiones.
Es de la opinión de que el flujo transparente de información fortalece la participación ciudadana, eleva la calidad del debate público y contribuye de manera directa a la construcción y sostenibilidad de la democracia.
La periodistas e investigadora señaló que la información requerida para su informe debió estar accesible en los portales de los entes obligados accesible a toda la ciudadanía, pero no fue así, ya que para acceder a datos públicos los oficiales de información exigieron presentar una solicitud porque es la única vía “expedita” y “viable” para obtenerla.
“Esta restricción no era una práctica habitual en años anteriores y ahora representa un retroceso en términos de apertura institucional y transparencia. Este cambio tiene efectos directos en la calidad del periodismo y en el derecho ciudadano a estar informado”, cuestionó Rodríguez.
Agregó que cuando la información fluye con obstáculos, se ralentiza la producción de contenidos de investigación, se limita la diversidad temática y se incrementa el riesgo de un periodismo excesivamente declarativo, centrado en discursos oficiales y no en datos verificables. En contraste, cuando el acceso es abierto, las audiencias encuentran “cotidianamente en los medios una oferta informativa más amplia, contextualizada y orientada a comprender los procesos sociales, políticos y económicos del país”.
Lamentó que el acceso a información que antes era pública se haya vuelto más lento y burocrático, obligando a esperar largos plazos para obtener datos esenciales para el análisis y la rendición de cuentas. “Esta situación no solo afecta el trabajo periodístico, sino que debilita el ecosistema democrático, al limitar la transparencia, reducir la capacidad de vigilancia ciudadana y estrechar el espacio cívico”, reflexionó Rodríguez.
Prevención de la corrupción
Aunque la ciudadanía usa la Ley de Transparencia como una herramienta para combatir la despampanante corrupción que impera en el país, eso no ha sido suficiente para contrarrestarla, debido a la falta de una política real del Estado en la lucha contra ese flagelo, que cada año sume al país en la pobreza.
Detrás de esa indiferencia, los que gobiernan esconden el espíritu de la autoprotección, prefiriendo que la despampanante impunidad se pasee sin escrúpulos por los pasillos de los entes operadores de justicia, mientras la corrupción, a una escala alarmante, se profundiza cada cuatro años en las instituciones gubernamentales, según las diversas denuncias que salen constantemente a luz pública.
El último Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, elaborado por Transparencia Internacional, le dio a Honduras apenas 22 puntos de 100, lo que la posiciona en el puesto 157 de 182 naciones evaluadas a escala mundial.
En Honduras, la lucha contra la transparencia y la impunidad es un fracaso, en 2020 muchos de los diputados actualmente en el Congreso Nacional corrieron a la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), luego crearon una Secretaría de Transparencia, la cual resultó un fiasco y ahora la quieren fusionarla con el IAIP.
De acuerdo Moncada, al controlar el IAIP 463 entes del Estado previene la corrupción al ser garante de lo que determina la ley. “Es más viable apostarle a la prevención que tratarla después, buscando de sancionar el delito”, agregó.
El funcionario alabó como la ciudadanía encontró en la LTAIP una herramienta contra la opacidad gubernamental y por eso el IAIP quisiera llegar a más lugares, a mayor parte de la población, sobre todo la de tierra adentro, pero para eso se necesita un mejor presupuesto para poder abrir oficinas regionales, donde a los peticionarios puedan acudir en búsqueda de respuestas, explicó.
Según Moncada, el recurso humano con que actualmente el IAIP es muy valioso, “tenemos personal que ya tiene 17 años acá en la institución. Acá el personal es estrictamente técnico”.
Ante la poca coercitividad que tiene la Ley de Transparencia, Moncada aseguró que el IAIP ya tiene previsto solicitar al Congreso Nacional reformas a la normativa primero con el fin de que los oficiales de información de la administración pública pasen un tamiz de certificación y que sean nombrados por el instituto.
Pero también están aquellas reformas que contemplan el tener mayores controles y más posibilidades que el instituto tenga más poder sobre todo en aspectos estrictamente sancionatorios. Esto con el objetivo de que funcionario tenga mayor compromiso y sepa de que el incumplimiento de la ley contempla fuertes sanciones.
Asimismo, a partir de este año, el IAIP implementará un nuevo modelo de verificación y evaluación de las instituciones, ya no solo se tomará en cuenta que la institución tenga toda la información de carácter pública en su portal, sino que aquel ente o funcionario que no cumpla con la entrega de información solicitada en el plazo que determina la ley no será objeto de reconocimiento, detalló.
Acerca de la integración de la Secretaría de Transparencia al IAIP, el comisionado sostuvo que no se ha tenido ningún tipo de pláticas con el Ejecutivo “como le digo, nosotros tenemos el recurso humano. Acá simplemente es un aspecto de que nos den un presupuesto mayor para poder trabajar más de cerca con los funcionarios públicos”, expresó.
Lucha contra la opacidad
La lucha de los hondureños contra la opacidad es permanente. De las 9,573 peticiones de información pública denegadas entre el 2020 y 2025, un total de 2,184 ciudadanos que no estuvieron conformes con la denegatoria, recurrieron al IAIP interponiendo recursos de revisión.
El 2025 marcó un récord, con 513 recursos presentados, la cifra más alta en el periodo analizado, un dato alarmante que para los estudiosos del tema de transparencia demanda una investigación más profunda sobre las razones detrás de la falta de cumplimiento por parte de los entes obligados.
La otra cara de la moneda de la transparencia es la reserva de información pública. Las solicitudes de reserva son peticiones formales para que cierta información no sea divulgada, amparándose en razones de seguridad nacional, datos personales o estrategias económicas. Su uso, sin embargo, debe ser vigilado de cerca para evitar que se conviertan en un manto para la opacidad.
Entre 2020 y 2025 el IAIP recibió 49 solicitudes de reserva de información pública presentadas por autoridades de diferentes dependencias del gobierno. El 2021 y el 2023 fueron los años donde se recibieron más solicitudes
En 2020, se presentaron tres solicitudes de reserva. Este número, relativamente bajo, contrasta con el volumen de solicitudes de información, lo que sugiere que la reserva no era un mecanismo ampliamente utilizado en ese momento. El año 2021 vio un aumento significativo en las peticiones de reserva llegando a 12. En 2022, el número de solicitudes disminuyó a cinco. El año 2023, al igual que 2021, registró 12 peticiones.
En 2024, se presentaron 10 solicitudes de reserva, y en el 2025 se registraron siete. De las 49 peticiones de reserva presentadas, la respuesta del IAIP ha sido variada. Seis fueron declaradas "Con lugar", lo que significa que la información fue legítimamente reservada, doce fueron declaradas "sin lugar", lo que obliga a las instituciones a divulgar la información solicitada, representando un triunfo para la transparencia.
Otras doce peticiones fueron declaradas "con lugar parcialmente", lo que implica que solo una parte de la información solicitada pudo ser reservada, mientras que el resto debe ser revelada. Cinco peticiones de reserva terminaron en un "desistimiento" por parte del solicitante, y siete fueron "archivadas" por diversas razones.
Además, dos peticiones quedaron "sin utilizar", tres "en trámite" y una resultó en un "auto resolutivo", lo que refleja la complejidad y la diversidad de los casos que se manejan. De una todavía se desconoce su respuesta.
Saúl Bueso, asesor legal del Comité por la Libre Expresión (C-Libre), es de criterio que al momento de evaluarse la respuesta de esa gran cantidad de solicitudes de información es necesario identificar si la respuesta fue la correcta, el tipo de información solicitada, el tiempo de respuesta, si tuvo que intervenir el equipo legal del IAIP.
La Ley de Transparencia es fundamental para la sociedad hondureña porque le ha permitido saber como se administran os recursos del Estado, sin embargo, tienen que plantearse reformas para que los oficiales de información sean empleados de IAIP y para que la LTAIP tenga más colmillo en el aspecto sancionatorio, demandó Bueso.
El asesor legal valoró a esta normativa como una herramienta fundamental en la lucha contra corrupción, en la búsqueda de rendición de cuentas, pero todavía hace falta explotarla teniendo la certeza de que aquel funcionario que deniegue información pública sea severamente sancionado, pero eso no pasa actualmente debido a que la ley carece de coercitividad y a los políticos en el poder no les conviene modificar.
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