Tasa de seguridad prioriza a militares y ahoga a instituciones de investigación y justicia

Tegucigalpa, Honduras.- La distribución de los recursos de la Tasa de Seguridad en 2026 desdibuja el verdadero fin de este tributo, al aumentar en 600.5 millones de lempiras la asignación a las Fuerzas Armadas respecto al año anterior, mientras que el Ministerio Público (MP), pilar fundamental de la investigación criminal, no recibe ni un solo lempira.

Así lo revela un estudio realizado por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) sobre el presupuesto de los operadores de justicia y la distribución de la Tasa de Seguridad, que alerta sobre la militarización de este tributo debido a que sus recursos se vuelcan masivamente hacia el aparato castrense.

En 2025, los militares recibieron 743.5 millones de lempiras del impuesto mencionado, mientras que para 2026 se estableció una asignación de 1,344 millones, un incremento equivalente al 81 por ciento.

Recientemente, el ministro de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, sostuvo que, durante el primer semestre de este año, la recaudación por la Tasa de Seguridad superó los 3,040 millones de lempiras y que 2026 podría cerrar con unos 6,000 millones.

La investigación de ASJ, a partir de la ejecución presupuestaria de egresos con corte al 25 de junio de 2026, proyecta una recaudación anual de 5,882 millones de lempiras, lo que representa un crecimiento del 13.4% frente a los aproximadamente 5,200 millones recaudados en 2025.

El análisis del reparto institucional muestra que la Secretaría de Seguridad encabeza la lista con 2,900 millones de lempiras, lo que representa el 49.3% del total.

Los 1,344 millones de lempiras destinados a la Secretaría de Defensa representan el 22.8% de los recursos recaudados, lo que la ubica como la segunda entidad más beneficiada, según el análisis.

En tercer lugar se encuentra el Instituto Nacional Penitenciario (INP), que recibe 698 millones de lempiras, equivalentes al 11.9% de los recursos recaudados.

El desglose continúa con el servicio de una deuda contraída, que absorbe 593 millones de lempiras. Lo anterior significa que uno de cada diez lempiras recaudados no financia la seguridad ciudadana, sino el pago de la deuda pública.

Le sigue la Secretaría de la Presidencia, con 215 millones de lempiras, mientras que otras entidades menores orientadas a la mujer, los derechos humanos y la niñez captan 125 millones.

En contraste con estas asignaciones, el Poder Judicial recibe una cifra puramente simbólica de apenas nueve millones de lempiras.

La paradoja más grave del sistema radica en que el Ministerio Público careció totalmente de asignación tanto en 2025 como en 2026.

Según el informe de ASJ, para los expertos esta exclusión sistémica desequilibra por completo la cadena de persecución penal, pues financia masivamente las capturas policiales y militares, pero ignora el fortalecimiento económico necesario para esclarecer los delitos y lograr condenas.

Ante una distribución que prioriza asignaciones desproporcionadas para las Fuerzas Armadas por encima del Ministerio Público, encargado de investigar y acusar los delitos, diferentes sectores sociales se preguntan quién determina esta ejecución financiera discrecional, particularmente cuando una de las instituciones beneficiadas ha sido denunciada públicamente por el pillaje y la malversación de esos fondos.

EL HERALDO Plus intentó conocer cuáles son los proyectos de prevención del delito y las acciones coercitivas de los militares en la lucha contra la criminalidad; sin embargo, el vocero militar Héctor Fajardo no respondió.

En medio de la falta de transparencia y rendición de cuentas, la Tasa de Seguridad, que nació como un aporte adicional a los fondos asignados por los gobiernos a los entes operadores de justicia, ahora forma parte del presupuesto general de cada institución.

El Congreso Nacional aprobó para 2026 unos 36,920 millones de lempiras destinados a la Procuraduría General (PGR), el Ministerio Público, Seguridad, Defensa, el Poder Judicial, el Instituto Nacional Penitenciario y la Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (Didadpol).

A mitad de año, el análisis presupuestario de estos entes revelaba una ejecución del 45.3%, por lo que quedaban pendientes de ejecutar unos 20,213 millones de lempiras.

Se observó que el 60.9% del presupuesto está destinado al pago de salarios; el 38.4%, a operación y servicios -alimentos, alquileres, combustibles y transferencias-; mientras que para inversión de capital apenas se asigna un 0.7%.

Sin embargo, de este último apartado apenas se ha ejecutado un marginal 8.7%, lo que confirma que el Estado mantiene una infraestructura obsoleta, sin construir capacidades reales de investigación forense y operando, por ejemplo, sin nuevas patrullas, cárceles o tecnología moderna.

El análisis de ASJ reveló que la asignación del Presupuesto General de la República también privilegia la fuerza, de forma muy similar a lo que ocurre con el “Tasón”: Seguridad y Defensa concentran el 69.6%. En cambio, el sector justicia, que aglutina al MP, el Poder Judicial y la PGR, recibe el 20.7%.Para el INP, la asignación asciende al 9.4%, mientras que la Didadpol capta el 0.2%.

Rafael Sarmiento, diputado y miembro de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, dijo entender “perfectamente que siempre el presupuesto en materia de seguridad es insuficiente, pero hay que optimizar los recursos y evidentemente que es desproporcionado aumentar el presupuesto a las Fuerzas Armadas sin una razón justificada en detrimento de la Fiscalía. Es evidentemente una falla en ese sentido”.

La Tasa de Seguridad se mantuvo durante el gobierno anterior, recordó el congresista, porque estaba endeudada hasta 2035. “Así la dejó el gobierno de Juan Orlando Hernández”.

Para Nelson Castañeda, director del proyecto Seguridad y Justicia de ASJ, gran parte del peso financiero recae sobre una estructura reactiva que prioriza la fuerza bruta, en lugar de atacar las causas estructurales de la violencia y la impunidad en el territorio nacional.

El experto advirtió que este modelo presupuestario aumentará el número de detenciones policiales sin garantizar una mejora sustantiva en el sistema judicial.

Señaló que la asignación de los recursos ignora las necesidades prioritarias del sector justicia, “y eso obviamente genera un impacto” negativo en el procesamiento de los delitos.

Esta exclusión financiera deja al ente investigador sin recursos para robustecer sus capacidades científicas y operativas frente a los altos índices de impunidad, que superan el 90% en el país, criticó Castañeda.

Mientras las instituciones encargadas de investigar y sancionar el delito padecen una precariedad presupuestaria crónica, cuestionó el experto, los millonarios recursos recaudados se destinan de manera desproporcionada al aparato militar, cuyos proyectos de prevención y acciones coercitivas contra el delito se desconocen.

La persistencia de una brecha en las asignaciones presupuestarias envía un mensaje negativo sobre las verdaderas prioridades del Estado en materia de seguridad ciudadana.

Castañeda expuso que los datos sobre la recaudación y el manejo de los recursos de la Tasa de Seguridad también ponen al descubierto la falta de transparencia y la improvisación que rodean la administración financiera de esos fondos, que absorben incluso el pago de una millonaria deuda heredada, cuyos montos se desconocen.

El impuesto de la Tasa de Seguridad, más conocido como el “Tasón”, entró en vigencia en 2012 de manera temporal, pero luego se volvió permanente con el fin de apoyar la lucha contra la delincuencia y criminalidad.

Este impuesto se convirtió después en una fuente de corrupción y opacidad, pero el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no ha tenido la voluntad de investigar; en contraste, sí lo ha hecho la justicia estadounidense, a tal grado que tienen presos por corrupción a Roberto Cosenza y Juan Ramón Molina, ambos exmiembros del Comité Técnico de la Tasa de Seguridad.

Este tributo también ha estado rodeado de demagogia y falsas promesas. La expresidenta Xiomara Castro prometió derogarlo, pero al final no lo hizo: únicamente derogó el fideicomiso y transfirió su administración a la Secretaría de Finanzas.

Aunque en 2018 los gastos de la Tasa de Seguridad sobrepasaban los 30,000 millones de lempiras, entre el 2012 y 2022 solo había registrado un ingreso de 22,055.1 millones.

Sin embargo, entre el 2022 y el 2025 la recaudación de este impuesto ascendió a 17,692 millones de lempiras. Como es un fondo que los gobiernos manejan de manera poco transparente, la ciudadanía desconoce la verdadera recaudación y ejecución.