Inicia lucha en la Unag por una Junta de Dirección electa sin injerencia

Dos de los miembros de la comisión de concurso son señalados de boicotear el proceso para poner a sus adeptos

Desde 2015 la Unag enfrenta una crisis de gobernabilidad y los estudiantes son los más afectados con el caos.

vie 9 de septiembre de 2022 a las 0:0

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Con el inicio del proceso de selección de los nuevos cinco miembros de la nueva Junta de Dirección Universitaria (JDU), la Universidad Nacional de Agricultura (Unag) con sede en Catacamas, Olancho, entra en una etapa crucial de su destino.

El procedimiento de elección se desarrolla en medio de denuncias, de que por un lado los políticos del departamento quieren manipular el procedimiento para controlar la universidad y, por otro, que desde lo interno de la misma Comisión de Concurso y Acompañamiento dos de sus miembros, por intereses personales, han tratado de boicotear una transparente selección.

La pelea por el manejo de la JDU es por las atribuciones que esta entidad posee -según el Estatuto de la Universidad-, ya que es el órgano encargado de la planificación, organización, control administrativo y seguimiento de la labor sustantiva de la universidad, además debe seleccionar por concurso público y de méritos al rector, vicerrectores, secretario, decanos y directores de centro regionales, así como su remoción cuando el caso lo amerite.

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Crisis

Desde la década pasada este centro de estudio ha permanecido sumido en un caos administrativo, con frecuentes denuncias de corrupción, nepotismo, favoritismo a políticos y hasta de una responsabilidad con los bienes incautados a los narcotraficantes del departamento, los cuales han sido abandonados y saqueados y ahora la universidad deberá responder por ello.

Ante la caótica situación en esa casa de estudios, en enero de 2017 el Congreso Nacional nombró una comisión interventora para instalar el orden, sin embargo, la anarquía y los actos de corrupción continúan hasta la fecha.

En mayo de este año, el Congreso Nacional creó la Comisión de Concurso y Acompañamiento de la Unag, la que tiene como atribución seleccionar por medio de concurso público, nombrar y revocar miembros de la Junta de Dirección Universitaria, acompañar el proceso de elección de representantes estudiantiles, revisar la adquisición de bienes y presentar un plan de rescate administrativo que permita la gestión presupuestaria eficiente y eficaz.

La comisión de acompañamiento está integrada por Odir Fernández, representante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien la preside; Óscar Redondo, Mildre Turcios y Keysi Peralta, representantes de los docentes; y Juan Ramón Miralda, representante de la Comisión de Educación del Congreso Nacional.

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A nivel universitario son conocidos los intereses personales y políticos que juegan algunos de los miembros de este grupo de trabajo, a tal extremo que se han querido imponer salarios hasta de 120 mil lempiras, han pedido carros para sus propios movimientos personales, han pugnado por favorecer a empresas constructoras que no cumplieron con los contratos que les entregó la universidad y, en su intento de boicotear el proceso de selección para imponer a sus cercanos en la JDU, han llegado al límite de caer en la falsificación de documentos públicos.

A raíz de ello, en una reciente reunión los dos miembros mayormente vinculados a la obstrucción del trabajo de la Comisión de Concurso y Acompañamiento fueron removidos de los cargos y puestos como vocales.

La comisión ya llamó a concurso público para integrar la JDU, para lo cual se han inscrito 14 candidatos tanto del sector interno como del externo.

De acuerdo con el estatuto de la Unag, los requisitos para ser miembros de la JDU son: ser profesional mayor de 35 años, poseer título universitario debidamente legalizado a nivel de posgrado de tipo académico, poseer un ejercicio profesional no menor de cinco años, estar solvente en el ejercicio de sus derechos ciudadanos y no tener ni haber tenido cuentas pendientes con el Estado, estar solvente con el colegio profesional respectivo y ser de reconocida honorabilidad.

De igual forma, entre la documentación exigida está presentar una declaración jurada de no estar comprendido en las inhabilidades del artículo 286 del Estatuto de la Unag, debidamente autenticada por notario.

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Denuncias

En un pronunciamiento la Asociación de Graduados de la Escuela Nacional de Agricultura, hoy Unag, señala que propusieron a la Comisión de Concurso y Acompañamiento la contratación de una empresa consultora externa especialista en recursos humanos para garantizar la transparencia al momento de revisar y seleccionar los mejores perfiles para ocupar cargos dentro de la UNAG, moción que fue aprobada por unanimidad.

Sin embargo, al publicarse el concurso para elección de los miembros de JDU el proceso de contratación de la empresa “está siendo entorpecido porque hay injerencia directa del Congreso Nacional por parte del vicepresidente Edgardo Casaña y el diputado Rafael Sarmiento, ambos del partido Libertad y Refundación, en confabulación con cuatro de los cinco miembros de la CCA (Comisión de Concurso y Acompañamiento)”, entre ellos dos egresados.

Sobre esta denuncia, Elvin Salgado, presidente de la Asociación de Egresados de la Unag, sostuvo que siempre ha existido cierta injerencia política queriendo controlar la universidad para colocar algunos de los allegados, pero esto no debe ser la regla.

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“Nosotros lo que estamos diciendo es que no queremos definitivamente injerencia política, que las personas que se van a nombrar no vengan impulsadas por políticos. Queremos que se seleccione gente mediante un concurso público, transparente, donde los nombramientos se hagan por méritos, de acuerdo con sus capacidades y los requisitos que se tienen dentro de la universidad para este tipo de elección”.

Sobre la injerencia de Sarmiento, Salgado manifestó: “desde el momento en que el Congreso nombra la comisión desde ahí ya tiene su ingrediente político”.

A nivel de docentes, se maneja que Sarmiento empuja la candidatura de Gerardo Rafael Moya Izaguirre y que incluso el exrector Marlon Escoto también está detrás de otras dos candidaturas de las 14 que hasta el momento se han presentado.

Sobre los señalamientos, Sarmiento negó que esté presionando en la Comisión de Concurso y Acompañamiento para imponer al candidato Gerardo Rafael Moya Izaguirre.

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Recordó que al Legislativo llegó un grupo de docentes, estudiantes y egresados de la Unag poniendo en conocimiento varias irregularidades como actos de nepotismo -entre hermanos, padre e hijos-, pues no sentían que el proceso de intervención que se realizó en la administración pasada tuviera buenos resultados.

Ante tal demanda, la Comisión de Educación del Legislativo aprobó la Comisión de Concurso y Acompañamiento que garantizará la independencia y despolitización del proceso de selección de las nuevas autoridades que van a ser electas, sostuvo.

A “nosotros en calidad de diputado de Olancho, únicamente nos invitaron, en calidad de oyente, a unas reuniones en el Congreso Nacional cuando se decidió el nombramiento de la Comisión de Concurso y Acompañamiento. Sí hemos recibido comisiones que nos vienen a visitar al Congreso, sobre todo de estudiantes que nos han puesto en reiteradas ocasiones quejas de situaciones que viven, que esperamos sean atendidas por las nuevas autoridades”.

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De acuerdo con Sarmiento, no hay forma de que él pudiera tener “algún nivel de presión a nivel de la comisión que la preside el abogado Odir Fernández, que tampoco él se prestaría a ninguna intromisión política de mi persona o de ningún otro diputado, estoy seguro de que ante de eso interpondría su renuncia”.

Es del criterio de que cualquier aseveración que se diga que está incidiendo para colocar a alguien es totalmente falso “y sobre la persona que usted menciona ahí, yo solo la he visto una vez que vino al Congreso Nacional. No es amigo mío y lo conocí esa vez que vino al Congreso”.

De acuerdo con el congresista, lo que se busca con la comisión es impulsar una universidad donde se respete de manera absoluta la academia y “estamos claros y conscientes de que si hay intromisión política va a ver ingobernabilidad. De alguna manera ha costado muchísimo traer gobernanza a la universidad y esperamos que este proceso pueda dar garantía para fortalecer la academia, la democracia y la legalidad en esta casa de estudios”.

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