Tegucigalpa, Honduras.- A menos de 90 días de las elecciones generales de 2025, el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras aún no ha aprobado el reglamento de observación electoral, lo que ha generado preocupación entre diversos sectores, quienes consideran que la transparencia del proceso podría verse comprometida.
Aunque el CNE aprobó un reglamento de observación electoral para las elecciones primarias de 2025, aún no se ha emitido un reglamento equivalente para las elecciones generales de noviembre.
Según expertos, la ausencia de una normativa clara podría afectar la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil para desplegar observadores en todo el país, además de debilitar la confianza de los ciudadanos en la legitimidad de los comicios.
EH Verifica explica la importancia de este reglamento y las posibles consecuencias derivadas de la demora en su aprobación.
Aprobación pendiente
El reglamento de observación electoral establece los procedimientos para la acreditación de observadores nacionales e internacionales, define sus responsabilidades y delimita las acciones que pueden realizar durante el proceso electoral.
Su aprobación es fundamental para que las organizaciones de la sociedad civil puedan vigilar el desarrollo de las elecciones y garantizar que se cumplan los principios de transparencia y legalidad
La presidenta del CNE, Cossette López, informó que el reglamento ya está listo y ha sido revisado por dos de los tres consejeros. Sin embargo, el consejero Marlon Ochoa aún no ha emitido su opinión, lo que ha retrasado su aprobación.
Este reglamento es esencial para la acreditación de observadores nacionales, ya que establece los procedimientos y requisitos para que las organizaciones de la sociedad civil y otros actores puedan participar como veedores en las elecciones.
Alrededor de 20 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) y la Red por la Defensa y la Democracia (RDD), han solicitado su acreditación como observadores. Sin embargo, ninguna ha recibido respuesta del CNE.
Marco legal
La Ley Electoral de Honduras establece que el CNE es responsable de regular y supervisar los procesos electorales, incluyendo la acreditación de observadores. La falta de un reglamento aprobado contraviene este mandato y podría afectar la legalidad del proceso de observación electoral.
Además la normativa electoral otorga al CNE la facultad de emitir reglamentos internos para la organización y supervisión de los procesos electorales.
Aunque la ley no menciona específicamente un reglamento de observación electoral, la emisión de ese reglamento por parte del CNE se enmarca dentro de sus atribuciones generales.
A pesar de la falta de un reglamento nacional, el CNE ha aprobado la participación de cuatro misiones internacionales de observación electoral, entre ellas la Organización de Estados Americanos (OEA), el Instituto Nacional Demócrata (NDI), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) y la Unión Europea.
Sin embargo, la presencia de observadores internacionales no sustituye la necesidad de una observación nacional robusta, que es fundamental para garantizar la transparencia y la confianza de la ciudadanía en el proceso electoral.
El reglamento de observación electoral para las elecciones primarias de 2025 fue aprobado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en agosto de 2024, mediante el acuerdo No. 08-2024, es decir, con más de seis meses de antelación.
Preocupación por tardanza
La demora en la aprobación del reglamento también ha generado reacciones en el ámbito político. Algunos partidos han expresado su preocupación por la falta de claridad en los procedimientos para la acreditación de observadores, lo que podría generar desconfianza entre los votantes.
Diversas organizaciones de la sociedad civil han instado al CNE a aprobar el reglamento de observación electoral con urgencia. Señalan que la transparencia en las elecciones es fundamental para fortalecer la democracia y garantizar que los resultados reflejen la voluntad del pueblo.
Hugo Maldonado, Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (Codeh), el atraso en la aprobación del reglamento pasa por voluntad política.
“El problema está en las acreditaciones ante el Consejo, pero eso no significa que deba restringirse el acceso a cualquier organización nacional, todos dicen que quieren elecciones libres, pero no tienen la mínima voluntad para que sean observadas con transparencia", opinó Maldonado en conversación con EH Verifica.
Además, algunos sectores han cuestionado la demora en la aprobación del reglamento, sugiriendo que podría haber intereses políticos detrás del retraso.
“La aprobación (del reglamento) es el embudo que pone el oficialismo para que haya otras negociaciones, tal vez en el Congreso Nacional, por ahí empiezan a pujar los pesos y contrapesos”, opinó el analista político Germán Licona.
El experto agregó que “el reglamento es fundamental porque si no se reglamenta lo que tiene que ver con la observación electoral, esto implica que no va a venir quienes hayan metido solicitud para observar los procesos electorales y esto es una camisa de fuerza que le ponen a la oposición”.
Por esa misma línea, el analista político Jorge Yllescas opinó que “¿por qué no se ponen de acuerdo? Por ejemplo, no quieren que el CNA participe como observador, ni que la ASJ lo haga, porque dicen que están parcializados. Mientras tanto, el pueblo cada día entra en una mayor incertidumbre.”
“Seguimos a la espera del reglamento y recordemos que el de las elecciones primarias estaba aprobado desde agosto de 2024, con mucha más antelación de la que tenemos hoy”, señaló Juan Carlos Aguilar, coordinador de la Red por la Defensa de la Democracia (RDD).
La aprobación del reglamento de observación electoral es un paso crucial para asegurar la transparencia y legitimidad de las elecciones generales de 2025 en Honduras.
Sectores exhortan para que el CNE actúe con prontitud para permitir la participación de observadores nacionales e internacionales y garantizar que el proceso electoral sea libre, justo y transparente.
