Tegucigalpa, Honduras.- En los primeros cinco meses de 2025, más de la mitad de las afirmaciones emitidas por actores políticos, funcionarios públicos y figuras influyentes han resultado ser falsas.
Así lo revela EL HERALDO Verifica, que chequeó un total de 111 declaraciones formuladas en contextos diversos: entrevistas, conferencias de prensa, debates, publicaciones en redes sociales y comparecencias públicas.
De ellas, 53 fueron calificadas como falsas, es decir, contenían información errónea o contraria a hechos comprobables.
Este dato no solo evidencia una tendencia preocupante, sino que (según expertos en análisis político) revela una práctica reiterada que afecta la calidad del discurso público y refleja una fragilidad estructural en la forma en que se construye y transmite la información desde las fuentes oficiales y partidarias.
Las restantes afirmaciones se distribuyeron de la siguiente manera: 21 fueron consideradas verdaderas, 11 inexactas, 11 sin evidencia verificable, 10 engañosas y 5 clasificadas como verdades a medias.
La clasificación responde a una metodología basada en estándares internacionales de verificación de hechos, que distingue entre afirmaciones completamente falsas, parcialmente ciertas o imposibles de corroborar con evidencia documental.
Las temáticas predominantes fueron: elecciones primarias (27 declaraciones), asuntos legales (18), seguridad (12), educación (11), economía (10) y empleo (4). La concentración en estos temas refleja que la desinformación circula con mayor frecuencia en áreas de alta sensibilidad pública e impacto político.
El análisis también identificó ejemplos puntuales que ilustran la magnitud del fenómeno. Una de las afirmaciones desmentidas fue la del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, quien aseguró que Rixi Moncada no estaba habilitada para participar en las elecciones primarias de 2025.
Tras revisar la Constitución y la Ley Electoral, EL HERALDO Verifica calificó su declaración como falsa, ya que no existía ningún impedimento legal para su participación en el proceso celebrado el 9 de marzo.
Otro caso fue el del secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien aseguró que el Consejo de Ministros decide la ampliación del estado de excepción y que el Congreso Nacional puede ratificarla o no.
Esta afirmación también fue calificada como falsa, ya que la Constitución establece con claridad que la medida requiere aprobación expresa del Congreso para mantenerse vigente.
En el ámbito económico, la candidata del partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, afirmó que “ocho de cada diez hondureños viven en pobreza extrema”.
Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que la pobreza extrema afecta al 40.01 % de la población, lo que equivale a aproximadamente cuatro de cada diez personas.
Por tanto, la afirmación fue clasificada como falsa.
¿Más que errores?
Los datos permiten advertir un patrón que, según especialistas en comunicación política, va más allá del error individual.
La reiteración de afirmaciones falsas sugiere una lógica discursiva deliberada, donde el objetivo es posicionar narrativas aunque no estén respaldadas por evidencia, lo que revela también una baja rigurosidad en la producción de información y la ausencia de controles internos en los equipos de comunicación de los actores públicos.
Uno de los riesgos señalados por los analistas es la creciente normalización social de estas prácticas.
“El efecto de estar constantemente expuestos a mentiras y falsedades es que la gente termina acostumbrándose. Aun sabiendo que le están mintiendo, lo acepta. Y, por otro lado, muchas personas desarrollan dificultades para discernir entre lo verdadero y lo falso”, advirtió el analista político Edgardo Rodríguez.
Ecosistema débil para la verdad
El estudio también pone en evidencia una debilidad estructural en el ecosistema informativo hondureño: la falta de verificación previa a la difusión de contenidos por parte de figuras públicas.
Aunque iniciativas como EL HERALDO Verifica y LA PRENSA Verifica contribuyen a la fiscalización del discurso político, su impacto aún depende del acceso ciudadano a la información, la presión mediática y el nivel de exigencia que la sociedad ejerce sobre sus líderes.
En países con instituciones sólidas, las declaraciones falsas pueden derivar en sanciones políticas o legales. En Honduras, en cambio, su persistencia revela una tolerancia estructural a la falsedad.
Según los expertos, esta tolerancia debilita la rendición de cuentas y reduce la efectividad de los mecanismos democráticos de control.
“Pareciera que la sociedad ha distribuido las mentiras en diferentes niveles, y los políticos aprovechan eso para proteger a su partido o a sí mismos. La pregunta no es si los políticos nos mienten, sino si nosotros les creemos o queremos creerles. Ese es el verdadero problema”, señaló el analista Omar García.
“Cuando una persona que participa en política opina a través de redes sociales o medios, generalmente lo hace con la intención de incidir o inclinar la balanza hacia el partido al que pertenece”, explicó por su parte el analista Jhonatan Rosales.
Un debate donde la verdad aún no gana
Los datos recolectados por EL HERALDO Verifica revelan no solo la frecuencia de afirmaciones falsas, sino su incorporación sistemática en el discurso político.
De acuerdo con especialistas en comunicación pública, esto muestra que la verdad ha sido desplazada como eje rector del debate, en favor de narrativas emocionales, partidarias o estratégicamente construidas.
Los expertos coinciden en que muchas de estas declaraciones no responden a errores, sino a decisiones deliberadas de comunicación.
El objetivo no es informar, sino influir, movilizar o desinformar selectivamente. En este escenario, la precisión fáctica se convierte en un valor secundario frente a la eficacia persuasiva.
Además, advierten que esta dinámica se ve reforzada por la acción de estructuras digitales organizadas, como los llamados “grupos de respuesta”, que amplifican contenidos falsos y los hacen circular como verdades instaladas.
En sociedades con bajos niveles de educación formal y escasa alfabetización mediática, esta práctica tiene un impacto aún más profundo.
En este contexto, los analistas coinciden en que la verificación de hechos no es simplemente un protocolo periodístico, sino una herramienta clave para la defensa del espacio público y de la democracia.
Verificar es exigir transparencia, restaurar el valor de la evidencia y permitir a la ciudadanía tomar decisiones informadas.
La evidencia sugiere que la verdad no está liderando el discurso político en Honduras. Sin embargo, los expertos sostienen que su defensa no debe verse como una causa perdida.
Al contrario, es una tarea urgente y colectiva, que compromete no solo a medios y verificadores, sino también a instituciones, líderes y ciudadanía.
