El presupuesto general de ingresos y egresos de la República de 2013, publicado en el diario oficial La Gaceta de manera reciente, dista mucho de las conversaciones realizadas entre el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) y el gobierno a finales de diciembre de 2012.
El sector privado esperaba la aprobación de medidas más significativas para contener un creciente gasto corriente y minimizar el déficit fiscal mediante la concertación de un presupuesto más realista con el entorno económico, y financiable mediante los potenciales ingresos corrientes, así como créditos internacionales.
La reducción del monto financiero de este instrumento procedería de un plan real de rescate financiero de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), Hondutel, Honducor, el SANAA y el Pani, entre otras empresas públicas.
Además se esperaba una reducción de la masa salarial y la focalización de los subsidios (eléctrico y del transporte), así como la emisión del bono soberano para cancelar la mayor cantidad de la deuda interna.
Una fuente del sector privado informó que en el marco de esa reunión efectuada el 22 de diciembre de 2012, la representación del Cohep expresó al gobierno que los gastos se debían ajustar a los ingresos reales porque están ligados al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y se esperaba que fuera una meta más conservadora.
Muchos de estos anhelos expresados por los empresarios se aprecian en la reciente publicación del informe de resultados de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que a finales de noviembre e inicios de diciembre de 2012 completó la denominada revisión del Artículo IV.
En varios de sus párrafos se informa que el directorio de este organismo “aplaude” que el gobierno tomó la determinación de apoyar los planes para disminuir la masa salarial del sector público e hizo hincapié en la importancia de reducir las subvenciones a la energía eléctrica a través de la orientación mejorada. El FMI también alentó al gobierno a tomar medidas conducentes a mermar los desequilibrios financieros de las empresas públicas.
La realidad
El sector privado, según la fuente empresarial consultada, esperaba que el gobierno prescindiera de una importante cantidad de personal supernumerario (paracaidistas) y se fusionaran instituciones.
El ex presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Federico álvarez, indicó en su momento que se necesitaban tomar medidas “heroicas” para reducir el déficit fiscal de 2013. Esto se lograría, continuó, con una reducción significativa de empleados públicos a la que el gobierno en un primer instante estuvo de acuerdo, pero luego declinó.
El subsecretario de Finanzas, Carlos Borjas, consideró que un despido masivo de empleados públicos era contrario a la política del “humanismo cristiano” que profesa el presidente Porfirio Lobo, además que rechazarían cualquier recomendación de fuente local e internacional tendiente al recorte de personal porque el sector privado no tiene capacidad para absorber este recurso humano y se acrecentaría un ambiente de inestabilidad social.
El gobierno también dejó de abordar el tema de la fusión de instituciones públicas. La medida, según algunos analistas independientes, era poco viable de frente a las elecciones presidenciales y a la creciente posibilidad que el candidato nacionalista Juan Hernández se alce con la victoria en los próximos comicios.
El sector privado coincidió en un primer momento con el gobierno para que se emitiera un bono soberano por 750 millones de dólares, algo así como 15,000 millones de lempiras, pero que la mayoría de estos recursos se destinaran para el repago de una asfixiante deuda interna.
El diputado Francisco Rivera, presidente de la comisión legislativa del presupuesto, reconoció a HRN que la deuda interna superará los 60,000 millones de lempiras este año.
Analistas empresariales y del sector bancario advirtieron al gobierno en la referida reunión de diciembre que era necesario transferir la mayor cantidad de recursos para cancelar estos compromisos con la banca e institutos de pensiones porque la mayor porción de la deuda vencerá en los próximos tres años.
Sin embargo el gobierno anunció que también se ocuparán los recursos para cancelar deudas contraídas con los proveedores. El Cohep también efectuó una serie de recomendaciones para focalizar la entrega de los bonos 10000, el subsidio eléctrico y al transporte público.
