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Tegucigalpa, Honduras.- La espera de meses o años por una operación en los hospitales públicos y la falta de medicamentos representan vulneraciones al derecho a la salud que enfrentan miles de hondureños. Ante estas situaciones, el Estado ha recurrido a mecanismos de emergencia para buscar soluciones a corto plazo.
Es así que el Gobierno de Honduras mantiene tres estados de emergencia relacionados con infraestructura vial, mora quirúrgica y abastecimiento de medicamentos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
Los tres procesos en vigencia suman una inversión estatal de L2,130,976,181.93, de acuerdo con los datos consignados en el Portal Único de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Entre febrero y marzo, el Poder Legislativo aprobó tres decretos relacionados con estados de emergencia.
El primero, vía decreto legislativo No.08-2026 corresponde a la Ley Especial de Emergencia Vial, Control de Inundaciones y Fortalecimiento de los Gobiernos Municipales para el Mantenimiento de la Red Vial Terciaria y Caminos Productivos, que contempla intervenir de forma rápida 2,700 kilómetros de carreteras, según la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT).
Hasta la fecha, el IAIP reporta un poco más de 1,051 millones de lempiras ejecutados. De ese monto, el 92.6 % corresponde a obras de reparación, con L1,011,287,860.15 invertidos, mientras que el 3.8 % corresponde a proyectos de supervisión técnica, con una inversión de L39,837,907.20.
Un total de 2,702.33 kilómetros se han intervenido, mediante los servicios de 10 empresas, una de las obras que más trabajo registró fue el tramo de Tegucigalpa a Olancho por la carretera CA-4 ruta de Oriente, con 208.43 kilómetros reparados.
La crisis en el sistema de salud y la mora quirúrgica de más de 14,000 pacientes que han esperado ser atendidos por más de un año, según datos de la Secretaría de Salud (Sesal), fueron el motivo de la aprobación de un estado de emergencia mediante el Decreto Legislativo No. 05-2026, Ley de Medidas Excepcionales para la Atención Prioritaria en Materia de Salud.
Como parte de esta medida se han utilizado más de 9.8 millones de lempiras, correspondientes a 154 facturas pagadas a cinco hospitales del sector privado encargados de realizar las operaciones pendientes del sistema de salud pública.
Cada factura ronda los L63,000. El Hospital Lancetilla, en Tela, Atlántida, es el que registra mayores ingresos, seguido por el Hospital y Clínicas San Jorge y el Hospital y Clínicas Viera.
Entre las operaciones realizadas figura la colecistectomía laparoscópica, procedimiento para extraer la vesícula. Una operación de este tipo oscila entre 75 y 85 mil lempiras, según los datos proporcionados.
Por otra parte, la emergencia del IHSS registra una ejecución arriba de 1,070 millones de lempiras, correspondiente a 614 líneas de compra registradas, de acuerdo con los datos del IAIP.
Los medicamentos con mayor porcentaje de compra fueron los utilizados para controlar el colesterol, con un 33 % correspondiente a atorvastatina; calcio, con 13.3 %, y analgésicos para aliviar el dolor muscular, con 18 %, entre ellos metocarbamol.
El economista y consultor José Melchor cuestionó la eficiencia del Estado y proyectó que esta emergencia podría durar los cuatro años de gobierno.
“Honduras escuchar hablar de estados de emergencia provoca la pregunta por actos de corrupción iniciando el gobierno a todo le está declarando emergencia y no está solucionando el problema como tal”, afirmó.
Los estados de emergencia no son nuevos en Honduras. Durante 2020 se decretaron dos medidas para hacer frente a la crisis sanitaria por la covid-19 y a los huracanes Eta e Iota.
Estos procesos derivaron en investigaciones y señalamientos de corrupción relacionados con los hospitales móviles gestionados por Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), así como con actuaciones vinculadas a la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco).
La economista Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas, advirtió sobre los riesgos de abusar de las compras de emergencia.
“Abusar de las compras de emergencia genera actos de corrupción al pagar precios más altos que los que tendría por medio del proceso de licitación pública, sumando la opacidad y la falta de transparencia”, expresó.