Además de ser los recaudadores de la tasa de seguridad, los bancos serán los principales
aportadores, declaró el diputado del partido Innovación y Unidad, Toribio Aguilera.
El congresista indicó que con el esquema aprobado en esta segunda reforma a la Ley de Seguridad Poblacional se estima que el sistema bancario aportará entre 170 millones y 200 millones de lempiras sobre el total de los préstamos que otorgan anualmente.
Si la banca estuviera cobrando al Estado de Honduras por el servicio de retención de las aportaciones por la tasa de seguridad, dijo, el Estado tendría que pagar por este sevicio unos 200 millones de lempiras al año.
Estas explicaciones las ofreció el diputado pinuista ante las insinuasiones del diputado de Unificación Democrática (UD), Marvin Ponce, quien dijo que a él nadie lo convence de lo contrario, en el sentido que el decreto de reformas aprobado el miércoles anterior en el Congreso Nacional fue impuesto por la banca para su propio beneficio.
“Yo no creo que se esté favoreciendo a los bancos si más bien se está favoreciendo a los usuarios que tienen préstamos con la banca. Aquel prestatario que entró en problemas con los bancos es beneficiado porque en lugar que le rematen sus propiedades, permite la readecuación del crédito sin que tenga un cargo adicional.
Aguilera explicó que las transferencias electrónicas o movimientos de dinero pertenecientes a una misma persona con diferentes cuentas de cheques o que tenga depósitos en otro banco no serán gravadas doblemente.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Presupuesto II, Francisco Rivera, reiteró que es importante destacar que quienes van a pagar la tasa de seguridad no llegan ni al 2 por ciento de la población hondureña.
Solamente se pagará en las transacciones financieras a razón de 2 lempiras por cada 1,000, pero únicamente en el caso de cuentas de ahorro o de cheques de las empresas o personas jurídicas que tengan más de 120,000 lempiras ahorrados como promedio, añadió.
Las personas naturales no pagarán nada, aún cuando tenga cuentas de ahorro superiores a 120,000 lempiras, y solo pagarán en las transacciones de sus cuentas de cheque, pero solo si la cantidad ahorrada en promedio es superior a 120,000 lempiras.
Rivera explicó que, según la ley, ninguna institución del Estado manejará los recursos provenientes de la tasa de seguridad.
Todo será manejado por una comisión que integran un representante del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), y el secretario ejecutivo del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), así como un representante del Poder Ejecutivo.
El Estado no puede gestionar ni ejecutar recursos provenientes de la tasa de seguridad, precisó.
Posición de la Ahiba
Natanael Euceda, miembro del comité técnico de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias (Ahiba), expresó que mediante la interpretación de la referida ley se disminuyó el efecto negativo que tenía la redacción inicial de la ley en contra de la economía.
Según el ejecutivo, existían otros artículos que podían incentivar la dolarización y la fuga de capital.
“Mediante esta reforma, entonces, se disminuyen todos aquellos efectos negativos”, dijo Euceda.
El representante de la Ahiba dijo que se exonera del pago de la tasa de seguridad poblacional cuando el usuario transfiere fondos entre cuentas bancarias que le pertenecen, que pueden estar registradas en uno o más bancos. En este caso se transfieren los recursos a él mismo y no a la cuenta de un tercero.
Este tema, agregó, no estaba contemplado en la normativa, pero, mediante la interpretación legislativa se pudo aclarar en beneficio del contribuyente, exigiéndoles aquellas operaciones que corresponden a él.
Euceda recalcó que en ningún momento fueron gravadas con esta tasa las remesas familiares. La compraventa de moneda extranjera está exenta y todo lo que es la adjudicación de dólares, pero se gravan las transacciones posteriores a esta adjudicación de la divisa.
Algunos expertos consultados señalaron que las importaciones de bienes y servicios se verán gravadas de hecho con la tasa de seguridad, siendo una de las principales aportantes a la misma.
Honduras importa unos 8,000 millones de dólares, aunque se le resta las de combustibles que estarán exentas.
Se exoneró, de igual manera, a las empresas que comercializan productos regulados como los combustibles. ¿La razón? no podía encarecer más la operación, porque se afectaría al comercio y al pueblo.
Esta exoneración busca evitar que los precios de los carburantes suban más de precio a causa de la tasa de seguridad.
