Mientras el gobierno justifica la aplicación de una ley antievasión para nutrir el Presupuesto General de la República, los empresarios la rechazan porque creen que esta normativa tiene vicios de inconstitucionalidad y es confiscatoria.
Hace unos 15 días, el secretario de Finanzas, Héctor Guillén, presentó ante el Congreso Nacional, nuevamente, una reforma al artículo número 34 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR). La normativa es impulsada por el presidente Porfirio Lobo, quien promete “revisar hasta los calcetines a los empresarios”.
EL HERALDO
tiene en su poder una serie de documentos remitidos al presidente del Congreso Nacional, Juan Hernández, en donde se le explican porqué esta normativa violentará de nuevo la Constitución de la República.
En una de las cartas remitidas el 23 de mayo de 2012 se le enfatiza que la reforma no es para combatir la evasión fiscal, sino para crear un nuevo impuesto, que tiene vicios de inconstitucionalidad.
Se nos manifestó por parte de personeros del gobierno que esta reforma no es un impuesto, sino un anticipo por pérdidas. Además, que esta medida aliviará a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), de revisar a más de 65,000 contribuyentes, porque no podría efectuar auditorías debido a la falta de personal y equipo.
El Poder Ejecutivo, además, se comprometió en el marco del Gran Acuerdo Nacional, a no imponer nuevos impuestos durante el resto del gobierno de Lobo. El convenio fue suscrito en Casa de Gobierno por funcionarios, dirigentes obreros y representantes del Cohep.
Pagas o pagas
El Cohep señala que la referida reforma obliga a las empresas a pagar impuestos en base a sus ingresos brutos.
Esto, dice el texto, violenta el derecho de la libre empresa, porque si no hay utilidad, cualquier tributo que se aplique afectará de manera directa el patrimonio de los socios de la empresa volviéndose el impuesto en confiscatorio, que llevará la empresa a la quiebra.
El concepto de utilidades, continúa el texto, se aplica solamente a empresas y a comerciantes individualmente constituidos, pero esta reforma quiere afectar, también, a las personas naturales.
De manera específica se afectaría a los comerciantes individuales, quienes no declaran utilidad o pérdida operacional, estima el Cohep.
En la segunda parte del párrafo cuarto del artículo 34 del ISR, propuesto a la reforma, se establece que aquellas personas naturales y jurídicas “que en su declaración del ISR no declaren ingresos, a tal efecto el anticipo del 1%, se aplicará al monto total de los gastos declarados”.
Con esta redacción, estima el Cohep, le cobrarán impuestos a las empresas no operativas que tengan gastos. Hay muchas industrias que tienen activos, pero por razones de mercado detuvieron sus operaciones. Sin embargo, reportan gastos porque se les brinda mantenimiento y cuidado a sus activos.
Efectúan erogaciones por concepto del pago de seguros, planilla de guardias de seguridad, mantenimientos técnicos, limpiezas y el pago de impuestos municipales.
“El Congreso Nacional está directamente confiscando el poco patrimonio que les queda a los socios de estas firmas y termina de destruir cualquier opción de reactivación de esa capacidad productiva en el futuro”, sentencia el Cohep.
Para la cúpula empresarial, este nuevo tributo afectaría inversiones en el sector turístico, que está paralizado desde hace varios años y que pagarían el ISR, después de cumplirse el plazo establecido en la ley.
La nota especifica el caso de hoteles capitalinos que durante varios años estuvieron inactivos y que de manera posterior fueron adquiridos por el capital extranjero.
Hay casos, cita el Cohep, de propiedades ya depreciadas en el centro de Tegucigalpa u otras zonas deprimidas del país que no tienen ingresos, pero sí generan algún nivel de gasto.
Esto llevaría a los dueños a que abandonaran o perdieran estas propiedades, lo
cual es considerado confiscatorio. Al consignarse que esta reforma entra en vigencia al ser publicada en La Gaceta, la intención del gobierno, como del Congreso, es aplicarla al ejercicio 2012, o sea nuevamente de manera retroactiva, ya que estamos casi a la mitad de ese año, advierte el Cohep.
