La instalación del polémico programa municipal Barrios más Seguros
ha originado insólitos casos de cobro y cierre en los barrios y colonias de la capital de Honduras.
Al menos es lo que se reporta el Juzgado de Policía Municipal, donde se han recibido más de 300 denuncias contra la colocación de portones y las medidas de seguridad adoptadas.
Según la dependencia municipal, los colonos, motivados por la inseguridad, han adoptado disposiciones arbitrarias que atentan contra la libre locomoción y circulación.
Asimismo, varios patronatos incurren en excesivos cobros
y, en determinados casos, quieren obligar a todos los habitantes a pagar, cuando en realidad la participación es voluntaria, indicó Freddy Casasola, juez de Policía Municipal.
“Por eso hay que tener el acuerdo del 80 por ciento de la comunidad, para evitar estos conflictos”, recordó el funcionario, refiriéndose al reglamento del programa.
Insólito caso
El caso más insólito e inaudito radica en la residencial Lomas del Guijarro Sur, donde los desacuerdos entre un habitante y la junta directiva llegaron hasta el Juzgado Municipal.
Según consta en el expediente 740-14-05-13, el vecino Edson Onassis Gálvez Fuentes interpuso una denuncia contra la Junta Directiva del Patronato residencial Lomas del Guijarro Sur (Coralsur).
Según el documento, Gálvez denunció que la instalación de portones eléctricos
en la entrada principal de la calle Ginebra acarrea cobros excesivos para él.
Y como el ciudadano se niega a cancelar el pago mensual de seguridad impuesto, las autoridades han restringido su ingreso y salida de la comunidad, señala el documento.
El HERALDO conversó con Gálvez, quien reveló que cada vez que entra o sale debe bajarse de su automóvil para luego activar los portones.
“A veces puedo llegar a las 11:00 de la noche, hasta las 2:00 o 3:00 de la mañana, y eso va en contra de mi seguridad”, se quejó el habitante.
Asimismo, informó que discriminan a su persona y familia al obligarlos a circular por el portón de visitas y no el de residentes.
Incluso cuando llegan visitas y amigos de la familia, Gálvez debe trasladarse hasta la entrada para accionar y abrir el circuito, confesó.
Cabe mencionar que la Alcaldía Municipal ya emitió la resolución del caso (DMJ 438-2013), donde ordena a la directiva girar instrucciones para que Onassis Gálvez y su familia ingresen sin ninguna restricción.
Sin embargo, la directiva interpuso un recurso de reposición ante la secretaría del Juzgado, lo que alarga el proceso.
Por ello, el ciudadano todavía vive sometido a la rutina de activar por su cuenta los portones, según comprobó EL HERALDO.
Por su parte, Humberto Mejía, presidente de Coralsur, negó que se coarte la circulación de Gálvez. “A él no se le ha negado la entrada a la colonia, sigue entrando, lo que pasa es que lógicamente él no tiene algunos privilegios que nosotros tenemos”, explicó.
Debate
El debate entre ambas partes ha generado información contradictoria entorno al caso.
Mientras Gálvez afirma que se le exige un cobro mensual de 2,500 lempiras -una cifra muy elevada, según su juicio-, la directiva asegura que la cuota equivale a 2,000 lempiras.
A la vez, en el Juzgado Municipal informaron que la supuesta deuda del vecino asciende a más de 200 mil lempiras, pero Coralsur afirma que la mora ronda solo los 24 mil lempiras, correspondientes a un año.
El presidente del patronato expresó que han intentado llegar a un arreglo de pago con Gálvez al solo cobrarle el acumulado de un año.
Por su parte, Gálvez negó tal versión, pues él ofreció cancelar mensualmente 1,000 lempiras, según lo que estaba a su alcance, pero verbalmente le rechazaron la oferta.
El juez de Policía Municipal
reconoció que la situación de Lomas del Guijarro Sur es un ejemplo de lo que provoca el grado de inseguridad.
“Hemos recibido muchas denuncias, pero no solo contra el programa y la ilegalidad, más bien contra el trato a la gente”, agregó el funcionario.
Indicó que han recibido más de cien denuncias contra las medidas excesivas aplicadas por los comités y patronatos en su reglamento interno.
“El problema que ha llegado es que si no pagan se baja del carro y abre el portón -relató-, se vuelve a bajar y lo cierra”.
Entorno a ello, contundentemente afirmó que la medida “es arbitraria”.
Primeros denegados
Juan Diego Zelaya, vicealcalde del Distrito Central de Honduras,
informó que la demanda de solicitudes sigue incrementándose.
Sin embargo, dijo que la mayoría no cumple los requisitos y han tenido que denegar unas 80 peticiones.
A la fecha, alrededor de 260 barrios y colonias
han adoptado el modelo alternativo de seguridad que en un inicio fue bien visto y ahora se ha degenerado.
Ni las vías de alivio que antes utilizaban los conductores para paliar el pesado tráfico se han escapado.
Zonas altamente transitadas como las calles de El Prado, Miraflores, Tres Caminos, San Ángel, Kennedy, Payaquí
y ahora toda la residencial Lomas del Guijarro sur, hoy se encuentran cerradas con enormes portones.
