Del resultado del proceso investigativo dependerá el auto motivado de libertad o la presentación ante la justicia hondureña de tres oficiales de las Fuerzas Armadas que fueron capturados por la Policía la madrugada del miércoles como presuntos responsables del rapto de una menor de edad, según informó una fuente de la Fiscalía.
Entre las 3:00 y 4:00 de la madrugada, agentes de la Unidad Metropolitana (UMEP3) del barrio La Granja capturaron al capitán de infantería, José Óscar Bonilla, de 34 años; al teniente Franklyn Roney González Ramos, de 29; y al sargento Erick Josué García González, de 24 años, asignados a la Dirección Nacional de Inteligencia, quienes se conducían en un vehículo marca Nissan, color azul, sin placas, con rótulo de la tasa de seguridad.
La información que recibió la Policía es que en un vehículo que circulaba a inmediaciones del aeropuerto de Toncontín llevaban raptada a una joven y que unos militares iban propinándole golpes.
En el sector, la supuesta ofendida observó una patrulla policial, por lo que sacó la cabeza por la ventana y gritó pidiendo auxilio.
De inmediato los agentes policiales iniciaron la persecución y lograron detener el automotor cerca de la colonia Los Robles, en la calle que conduce a la aldea de Mateo.
La versión que dio un policía es que los tres miembros del Ejército andaban bajo los efectos del alcohol y que al momento de ser requeridos les manifestaron que la fémina les había robado sus billeteras, por lo que trataban de presionarla para que se las devolviera.
Las autoridades correspondientes realizan las investigaciones en torno a una versión que conoció la Policía en el sentido de que la muchacha se dedica a ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero y habría sido contratada por los oficiales.
A la orden de la Fiscalía
Después de varios minutos de permanencia en la UMEP3 de La Granja, los tres oficiales y la fémina fueron trasladados a las instalaciones de la Unidad Metropolitana 1 del barrio Los Dolores, donde la fiscal de turno Eleen Lagos determinó dejarlos en libertad, supuestamente, porque la menor habría cambiado su declaración inicial por temor a las represalias de los encausados.
Horas más tarde, trascendió que los oficiales fueron recapturados para continuar con las investigaciones orientadas a determinar su culpabilidad o inocencia en el caso del supuesto rapto.
En la paila del automotor que, todavía en horas del mediodía se encontraba frente a la estación policial de La Granja, se observó una botella vacía de ron, un envoltorio de cervezas y de churros, entre otros.
Una fuente del Ministerio Público confirmó que del informe dependerá el auto motivado de libertad por ahora o la presentación de un requerimiento fiscal.
Agregó que la Fiscalía de turno ha estimado la detención por 24 horas de los sospechosos, asimismo se ha solicitado un informe de investigación a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC).
En torno a la condición jurídica de los tres militares, la Fiscalía aclaró que “su condición sigue siendo de detenidos para investigación”.
Separados de sus cargos
El jefe del Ejército, Fredy Díaz, confirmó que han realizado las investigaciones preliminares para ver qué pasó con un oficial y un sargento que salieron a realizar un trabajo.
Declaró que los oficiales estaban trabajando en una misión “sumamente compleja, delicada; hemos creído que, aparte de eso, ellos han cometido un falta al no reportar a su comandante las horas que estaban en esta actividad”.
Advirtió que las Fuerzas Armadas “no van a escatimar ningún esfuerzo en deducir todas las responsabilidades a personal involucradas en cuestiones ilícitas”. Expresó su agradecimiento a la DNIC y la Policía Nacional y que “cualquier miembro de las Fuerzas Armadas que se encuentre en una cuestión que no es la correcta, nosotros agradecemos que puedan hacer los informes respectivos y de esa manera deducir todas las responsabilidades del caso”.
Reveló que los oficiales detenidos por el rapto de la menor serán separados de sus cargos tal como lo establece el Código Militar que “es muy severo, muy fuerte y ellos van a tener todo el peso de la ley por haber cometido una falta”.
Aseguró que los oficiales “no seguirán en este cargo, ellos van a ser sustituidos, lo más importante acá es que se van a deducir responsabilidades legales sobre ellos y será el juez competente el que dirá a qué penas ellos se han hecho acreedores”.
El 25 de febrero pasado, cuatros soldados fueron detenidos por su presunta participación en una balacera
en San Pedro Sula.
