Detalles inquietantes
En audiencia de proposición de pruebas
comparecerán
este miércoles en la Sala II del Tribunal de Sentencia en
Comayagüela cuatro
expolicías
acusados por el asesinato de dos estudiantes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras,
Julieta
Castellanos.
Los sospechosos por el crimen de Carlos David
Pineda
y Rafael Alejandro Vargas Castellanos son los
exagentes José
Rubén
Pozo
López, Santos
Arnulfo
Padilla
Rodríguez (supuesto asesino), Gabriel
Donatilo Macías Hernández
y
Wilson
Roberto Córdoba
Rodríguez, quienes estaban asignados al Distrito Policial del barrio La Granja cuando se produjeron los hechos en octubre de 2011.
En el expediente judicial se indica que a ellos también se les acusa por el delito de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública, según consta en los expedientes ST / JN ( 2) -01-2012 en el caso del ciudadano José
Rubén
Pozo y TS/ JN (20)-01-2013 en el caso de Padilla
Rodríguez,
Macías Hernández
y
Córdova Rodríguez.
Uno de los principales testigos del Ministerio Público es Rubén Pozo, quien
detalló cómo se produjo el crimen y la confabulación de varios oficiales.
Varios de los
agentes fueron capturados
en su mismo lugar de trabajo mientras que otros se entregaron voluntariamente.
Durante la audiencia, tanto el Ministerio Público como la defensa de los imputados presentarán los medios de prueba a presentar durante el juicio oral y público a
celebrarse
en fechas posteriores.
Al ser presentados los elementos probatorios los jueces de Sentencia determinarán cuáles pruebas serán admitidas y cuáles no, y después se fijará una fecha para iniciar el juicio.
Los
expolicías
permanecen recluidos en instalaciones militares, mientras que el subinspector Juan Carlos
Gáleas
continúa prófugo de la justicia.
Tras el crimen de los dos universitarios se dejó al descubierto la
participación
de elementos policiales en actividades criminales, lo que obligó a las autoridades
gubernamentales
a realizar un proceso de depuración en la Policía Nacional.
Sin embargo, el proceso fue declarado
fracasado debido a la negligencia y falta de apoyo.
