Tegucigalpa, Honduras.- El 1 de julio de 2025, Mario Enrique Medina Vásquez, de 28 años, y su compañero Christopher López fueron reportados como desaparecidos mientras realizaban trabajos técnicos de instalación para una empresa de cableado en la colonia El Pedregal, Tegucigalpa. Ambos jóvenes no regresaron a casa ese día, lo que motivó una intensa búsqueda por parte de sus familiares y cuerpos de seguridad.
El 11 de julio, sus cuerpos fueron encontrados sin vida en una zona boscosa de Yaguacire, presentando señales de violencia. La investigación preliminar señala posible intervención de la pandilla 18, bajo la hipótesis de una confusión con miembros de la Mara Salvatrucha. El caso sigue bajo investigación.
El caso de Mario y Christopher es parte de una problemática más amplia: la violencia homicida en Honduras, donde la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes. Según datos oficiales del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), entre el 1 de enero y el 25 de julio de 2025 se reportaron 1,134 homicidios de varones en el país, lo que representa el 89.3 % del total de muertes violentas registradas en ese periodo.
La utilización de armas de fuego predominó como método de asesinato, contabilizándose 890 casos (78.5 %). Otros crímenes registrados incluyen arma blanca con 109 muertes (9.6 %), así como asfixia, estrangulamiento o golpes contundentes en el resto de los casos.
Desde una perspectiva territorial, la violencia homicida contra hombres se concentra en cinco municipios: el Distrito Central encabeza la lista con 89 casos, seguido por San Pedro Sula con 84, La Ceiba con 36, Tocoa con 34 y Olanchito con 27.
Estos cinco municipios acumulan 270 asesinatos con arma de fuego, es decir, el 23.8 % del total nacional. Este patrón geográfico refleja la persistente influencia del crimen organizado y la disputa territorial en zonas urbanas.
Además, un alto porcentaje de las víctimas corresponde a jóvenes entre los 18 y 35 años, muchos de los cuales se desempeñaban en trabajos informales como mototaxistas, jornaleros, obreros y vendedores ambulantes.
Expertos en seguridad ciudadana y criminología coinciden en que este fenómeno requiere un abordaje estructural. El acceso indiscriminado a armas de fuego, la impunidad judicial y la ausencia de programas preventivos son factores que inciden en el alto número de homicidios.
Para comprender la dimensión social de estos hechos, especialistas recomiendan incluir análisis desde una perspectiva multidisciplinaria que involucre a sociólogos, expertos en violencia y psicólogos forenses. En tanto no se implementen medidas integrales para enfrentar las causas estructurales de la violencia, los datos seguirán acumulándose y, con ellos, las vidas truncadas de cientos de hondureños.
Fenómeno
El caso de Mario y Christopher se enmarca dentro de un fenómeno alarmante en Honduras: la creciente violencia contra jóvenes trabajadores en zonas urbanas dominadas por estructuras criminales. Según informes de la Secretaría de Seguridad, entre enero y julio de 2025, la mayoría de víctimas fueron hombres de entre 18 y 35 años. Muchos eran trabajadores informales o empleados de empresas de servicios expuestos diariamente a zonas de alto riesgo.
Sectores como El Pedregal o Yaguacire, donde ocurrió este crimen, han sido catalogados como puntos críticos de violencia. Reportes policiales señalan que estas zonas presentan una fuerte presencia de estructuras criminales como la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha, cuyas disputas territoriales han provocado asesinatos por “confusión” o “sospecha”.
De acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el primer semestre de 2025 se documentaron al menos 41 casos de trabajadores asesinados mientras realizaban labores en campo, solo en Tegucigalpa.
La desaparición y posterior asesinato de estos jóvenes también expone otra problemática: los casos de personas desaparecidas vinculadas a estructuras delictivas. Datos del Comité Nacional de Personas Desaparecidas (COFADEH) indican que, solo en el primer semestre del año, más de 250 hombres fueron reportados como desaparecidos en contextos similares, y un porcentaje significativo fue encontrado sin vida días después. La mayoría de los cuerpos presentaban signos de tortura o ejecución, lo que evidencia patrones sistemáticos de violencia organizada.
De acuerdo con la psicóloga Yundri Galindo, el caso de Mario y Christopher no solo refleja la vulnerabilidad de jóvenes trabajadores que transitan por zonas de riesgo, sino también la fragilidad de los mecanismos de protección laboral y comunitaria. La falta de protocolos de seguridad en las empresas, la limitada presencia policial en zonas de alto conflicto y la ausencia de planes de prevención local forman parte del contexto que permite la repetición de estos hechos.
Perfil del agresor
Aunque no existe un perfil psicológico único de un homicida, ciertos rasgos y condiciones se observan con mayor frecuencia: impulsividad, falta de empatía, dificultad para controlar la ira y trastornos de personalidad como el antisocial o psicopático. Sin embargo, poseer estas características no significa que una persona inevitablemente cometerá un crimen. El entorno social, las experiencias de vida y la salud mental juegan un papel determinante.
Galindo explicó que muchos homicidas jóvenes tienen antecedentes de trauma infantil, negligencia, violencia doméstica o pérdida de figuras parentales. Además, factores como la pobreza, la exclusión social y la exposición continua a ambientes violentos pueden normalizar la agresión como forma de vida. “Emociones intensas como la ira, el resentimiento o la humillación, combinadas con la falta de herramientas emocionales para gestionar conflictos, pueden convertirse en detonantes de actos extremos”, sostuvo.
Para abordar este problema desde la prevención, la psicóloga propone programas de intervención temprana en escuelas, apoyo a familias mediante crianza positiva y ampliación del acceso a servicios de salud mental. Aunque no existe en Honduras un sistema eficaz de rehabilitación para personas que han cometido homicidios, la atención psicológica adecuada —como la terapia cognitivo-conductual y la terapia para traumas— puede contribuir a la reinserción y reducción de la violencia a largo plazo.
Visión jurídica
El abogado penalista Jorge Valladares explicó que el Código Penal hondureño contempla varias clasificaciones del delito de homicidio, entre ellas: simple, agravado, imprudente y asesinato. La diferencia principal radica en la intención, el medio utilizado y la relación con la víctima. Por ejemplo, si el crimen fue premeditado o cometido por encargo, se clasifica como asesinato y puede alcanzar penas de hasta 30 años. También se reconoce el “dolo eventual” cuando alguien actúa con indiferencia al riesgo de causar la muerte.
Valladares detalló que la impunidad sigue siendo uno de los mayores desafíos del sistema judicial. Solo un tercio de los casos llegan a requerimiento fiscal, debido a la falta de pruebas, la intimidación a testigos y la debilidad institucional frente al crimen organizado. La saturación del sistema también limita la capacidad de investigación, especialmente en zonas controladas por estructuras criminales, donde los fiscales enfrentan enormes obstáculos para obtener testimonios.
Como propuesta, sugiere crear un régimen legal especial para jóvenes involucrados en delitos graves, que incluya medidas de reinserción social y educación en lugar de castigos exclusivamente punitivos. Además, urge fortalecer el Ministerio Público y combatir la corrupción, que desvía recursos y debilita la confianza en las instituciones. En su opinión, la prevención penal debe ir de la mano con políticas sociales que reduzcan la desigualdad y fortalezcan el tejido comunitario.
Comparativa de homicidios
Al comparar los datos del mismo periodo entre 2024 y 2025, se observa una leve disminución en el total de homicidios registrados. En 2024, Sepol reportó 1,320 homicidios entre enero y julio, mientras que en 2025 la cifra fue de 1,270. Esta reducción del 3.7 % no representa una mejora significativa, ya que el número de víctimas masculinas se mantiene alarmantemente alto.
En 2024, los hombres representaban el 88.9 % del total de víctimas (1,174 casos), mientras que en 2025 fueron el 89.3 % (1,134 casos). Aunque hay una ligera baja en cantidad, la proporción se mantiene constante, lo que refleja que la violencia homicida continúa focalizada en varones jóvenes, especialmente en zonas urbanas con presencia de crimen organizado.
Las armas de fuego siguen siendo el principal medio para cometer estos crímenes en ambos años, lo que evidencia que el control de armas ilegales sigue siendo una deuda pendiente del Estado hondureño.
El secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, celebró públicamente la ausencia de homicidios registrados en el país durante uno de los días de la última semana. A través de sus redes sociales, resaltó que el Plan Solución contra el Crimen y el Estado de Excepción Parcial continúan generando resultados positivos en materia de prevención y control de la criminalidad.
“Vamos bien”, expresó el funcionario, asegurando que estas estrategias siguen dando frutos. Según su declaración, estas medidas han permitido avances significativos en la lucha contra la violencia en el país, especialmente en los sectores más afectados por la criminalidad.
Estado de excepción en Honduras
En Tegucigalpa y San Pedro Sula, el Estado de Excepción inició el 6 de diciembre de 2022. La presidenta Xiomara Castro lo implementó inicialmente por 30 días para combatir la extorsión y delitos relacionados, y luego fue extendido por 45 días más. Desde entonces, se ha prorrogado en 22 ocasiones, la más reciente mediante el decreto PCM-22-2025, vigente desde el 3 de julio hasta el 16 de agosto de 2025.
Realizado por los estudiantes de periodismo de la UNAH: Flor Carbajal, Keren Abrego y Kimberly Ramos
