Aunque la población hondureña en general sufre el flagelo de la violencia, son seis profesiones y oficios los más propensos a la delincuencia.
La oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh)
ha identificado que los abogados, policías, periodistas, conductores de taxi, autobuses, y recientemente de las mototaxis, así como a los guardias de seguridad, como las profesiones y oficios de más alto riesgo.
Y es que en las listas rojas de muertes en Honduras, el asesinato de personas dedicadas a estas actividades específicas son una constante que las califica como las más peligrosas.
Para el caso, en el período del 2011 y 2012 murieron 124
policías
en diferentes hechos violentos, tanto durante el ejercicio de su deber, como en su tiempo de descanso.
En los cuatro años del gobierno de Porfirio Lobo, es decir del 2010 al 2014, fallecieron 74
abogados,
tanto empleados del Poder Judicial, como defensores privados.
Mientras que desde 2003 a la fecha, se registra la muerte de 40 periodistas
en diferentes hechos violentos.
El sector del transporte es uno de los más golpeados por la ola delictiva, que en el 2012 reportó la muerte de
120 taxistas, que incluye tanto a los conductores, como a los pasajeros de las unidades.
Los conductores de autobuses
son otro blanco de la delincuencia y aunque no se tienen datos exactos de las personas asesinadas, el Conadeh considera que estas cifras son similares a la de los taxistas.
En estas se incluye la muerte de cobradores, despachadores y hasta pasajeros
en diversos hechos violentos ocurridos en las unidades de transporte.
En el último año también se suma la muerte de los conductores de mototaxis, resaltando que muchas veces son jóvenes de 16 a 19 años.
El portavoz del Conadeh, Julio Velásquez, aseguró que en el caso de los trabajadores del transporte público los asesinatos están ligados al cobro de la extorisión de parte de maras y pandillas.
Otro oficio que llama la atención es el de los guardias de seguridad, ya que en el 2013 sobrepasó las 100 muertes.
'La característica en la mayoría de estas muertes es que los asesinaron para robarles sus armas de reglamento', argumenta Velásquez.
Otra dato que llama la atención es que en su mayoría, las edades de las personas asesinadas oscilan entre los 16-44 años, es decir la Población Económicamente Activa (PEA).
Impunidad
Pese a la gran cantidad de casos, muchos de ellos emblemáticos, son pocos los que realmente son investigados y aún menos los que son judicializados, de acuerdo a los datos que maneja el Conadeh.
Para el caso, de las 40 muertes de periodistas solo en el caso de la muerte del periodista Giorgino Orellana
se ha condenado al hechor.
En el caso de los abogados, solo se tiene constancia de tres casos judicializados, pero no hay registros de que se haya llevado ante la justicia a los asesinos de los empleados del transporte o a los guardias de seguridad.
Veláquez lamentó que las autoridades gubernamentales incluso han creado unidades especiales para investigar este tipo de crímenes, pero eso no ha detenido la muerte de más compatriotas que se dedican a estas profesiones.
'El problema es que son pocos casos que siguen el trámite de investigación y la gran mayoría no se judicializan, mucho menos cuando llevan varios años', explica Velásquez.
Y es que del 100% de las denuncias, solo el 20% se investiga y un porcentaje ínfimo llega a requerimientos fiscales.
Paradójicamente, esta impunidad es la que genera que se sigan dando este tipo de delitos, porque al saber que no se investigan estas muertes, los delincuentes no tienen temor de volver a cometer estos crímnes.
Estas frías estadísticas contrastan con los cientos de familiares de estos profesionales y servidores que reclaman justicia y ruegan porque la muerte de un ser querido no sea un registro más de la violencia que se vive en Honduras.
