En los
Juzgados de Primer Instancia Militar
serán enjuiciados
tres oficiales
de las Fuerzas Armadas de Honduras que son investigados por el rapto de una menor.
Jeremías
Arévalo, portavoz del instituto castrense, afirmó que si el Ministerio Público no encuentra méritos para enjuiciarlos sí lo hará la instancia militar debido a que cometieron una falta.
Actualmente los imputados, el capitán de infantería José
Óscar
Bonilla, el teniente
Franklyn Roney González
Ramos y el sargento
Erick Josué García González, permanecen suspendidos de sus cargos en la Dirección Nacional de Inteligencia.
Arévalo
explicó que, según las normativas de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuando alguien está en un proceso legal es suspendido del cargo.
El coronel hondureño afirmó que los oficiales no pueden ser enjuiciados por el rapto de la menor mientras la fiscalía no emita una resolución; sin embargo, sí serán enjuiciados por la falta cometida.
A pesar de la separación de sus cargos, los oficiales se encuentran disponibles en los batallones. “Ellos
tiene que hacer labores dentro de la unidad, no se pueden mandar a otro
lado”, explicó.
El juicio militar contra los sospechosos sería debido a que “cometieron
una falta, hicieron eso (el
supuesto rapto de la menor) y consumieron bebidas
alcohólicas”.
Arévalo
explicó que el fuero militar contempla las faltas leves, graves y los delitos. En el caso de los oficiales, éstos serían enjuiciados por una falta, ya que el delito no está comprobado aún.
Según la ley militar, los tres oficiales son culpables de una falta grave ya que al momento de su detención cumplían una misión y 'cometieron
una falta al decoro
militar”, precisó el portavoz.
El Tribunal Militar podría resolver que los sospechosos permanezcan en arresto dentro de las instalaciones militares, sean separados definitivamente de sus cargos y enviados al Tribunal de Honor.
Quedan en libertad
Tras ser
recapturados
por los miembros de la Policía Nacional, los tres oficiales fueron dejados en libertad luego que un fiscal de turno les otorgó un auto motivado de libertad.
Lorena Cálix, portavoz del Ministerio Público, explicó que estos autos se otorgan cuando se logra establecer que no existen los indicios para presentar un requerimiento fiscal por ahora.
Ante esta circunstancia, el caso es remitido a la
Fiscalía Especial de la Niñez
para que continúe con las investigaciones.
Aclaró que el caso no está cerrado y el que se les haya otogado la libertad no significa que están libres de seguir siendo investigados y posiblemente acusados en el caso de que se encuentren indicios de responsabilidad.
