En las próximas horas sería convocado el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para nombrar a uno de sus magistrados como el juez natural que conocerá la acusación en contra del
exministro
de Finanzas
Héctor
“Tito” Guillén.
La Sala Penal envió el expediente en el que consta la acusación contra el también diputado del Congreso Nacional por los delitos de abuso de autoridad y fraude en perjuicio de la administración del Estado de Honduras.
El pasado 26 de febrero, el Ministerio Público presentó el requerimiento
fiscal
en contra del parlamentario, quien durante su gestión como ministro habría arrendado de forma irregular seis fincas camaroneras ubicadas en
Choluteca.
El periodista
Ariel
D’Vicente denunció que las fincas fueron alquiladas a un precio menor a los ingresos que le generaban al Estado, por lo que el ente acusador comenzó las investigaciones al respecto.
En la acusación se indica que Guillén, sin realizar una subasta, firmó un contrato de arrendamiento de las fincas camaroneras por un monto de 500 mil
lempiras para un periodo de 18 meses.
En las investigaciones hechas por la Fiscalía se constató que las fincas y la
procesadora Ibermar
generaban al Estado una utilidad de 3.3 millones de
lempiras.
Guillén incurrió en responsabilidad penal al
haber alquilado las fincas por 500 mil
lempiras, generando al Estado pérdidas superiores a los dos millones de
lempiras.
El magistrado que sea nombrado como juez natural será el encargado de determinar si la acusación procede o no y en el caso de que existan los fundamentos legales tendrá que señalar fecha y hora para que se realice la audiencia de declaración de imputado en contra de “Tito' Guillén.
Pendiente el caso del millón
En los
Juzgados de Letras Penal en
Comayagüela
aún no se ha establecido la fecha para la audiencia de declaración de imputado en contra de la esposa, hijo y el conductor del
exministro
de Finanzas a quienes se les decomisó más de un millón de
lempiras.
La familia de Guillén fue acusada por el ministerio Público por el delito de lavado de activos en perjuicio de la administración pública.
