Misterioso hallazgo
Este jueves en horas de la mañana fueron intervenidos cinco centros penales en Honduras, como parte de las acciones que realizan miembros de la Policía Nacional
y de las Fuerzas Armadas
en el marco de la
Operación Morazán.
El mayor Santos Nolasco Guifarro, portavoz de la Operación Libertad,
señaló que el objetivo de esta medida consiste en
frenar el delito de la extorsión
que se ha convertido en una cárcel para los hondureños.
'Están intervenidos desde esta madrugada los
centros penales de las ciudades principales, y se hará un operativo completo para decomisar armas y celulares que representen un peligro para la sociedad'.
Nolasco reveló que aunque se ha reducido el delito, no es suficiente con las medidas que se han tomado porque los delincientes están cambiando de tácticas para seguir delinquiendo.
No obstante manifestó que se están haciendo acciones para neutralizar las acciones que los delincuentes puedan estar planeado.
Según el funcionario, el mayor problema se suscita en Tegucigalpa y San Pedro Sula
y los más afectados continúan siendo los transportistas.
Las recomendaciones que dan las autoridades para evitar la extorsión es que, en primer lugar, no se deben contestar llamadas de desconocidos o colgar inmediatamente, si las llamadas persisten se debe cambiar de número, y no dar ningún tipo de información a los extorsionadores.
Autoridades de
la
Fuerza Nacional Antiextorsión
(FNA) informaron que
en un 75 por ciento se han reducido las extorsiones
desde que se bloquearon las llamadas en los centros penales de Honduras.
Sin embargo las fuerzas de seguridad
están en alerta ya que han obtenido información de que algunos reclusos estarían gestionando el
ingreso de teléfonos satelitales
a las diferentes cárceles de Honduras.
En diciembre de 2013, el Congreso Nacional
de Honduras
aprobó la
Ley de Limitación de Servicios de Telefonía Móvil Celular
y Comunicaciones Personales (PCS) en los Centros Penales.
Esta ordenanza que entró en vigencia el pasaso 14 de febrero, prohíbe a los operadores brindar o prestar servicios en los espacios físicos donde están ubicados los centros o granjas penales del país.
