El Ministerio Público busca que el peso de la ley caiga sobre los supuestos autores de la masacre que dejó un enorme vacío en 17 familias de la zona norte del país.
El juicio oral y público contra tres pandilleros comenzó ayer en los Juzgados de Sentencia por el caso de la masacre ocurrida en un taller de zapatería del barrio San Francisco en septiembre de 2010, por el cual el Ministerio Público pide 560 años de prisión para los imputados.
Dos de los imputados identificados como miembros activos y líderes de la pandilla 18 se presentaron a la cita programada para las 9:00 AM; sin embargo, el tercero de los pandilleros por problemas de logística del Centro Penal Sampedrano no llegó a la hora acordada, lo que ocasionó un atraso de casi dos horas.
A las 10:45 AM de ayer, la terna de jueces comenzó oficialmente la serie de audiencias del juicio oral y público en contra de Edwin Humberto Díaz López, José Virgilio Sánchez Montoya y Cristhian Josué Rivera Antúnez.
El proceso judicial se desarrolló en la sala primera de los tribunales de justicia y se extenderá hasta el próximo viernes, día en el que la terna de jueces dará un fallo condenatorio del caso.
Relato
En el expediente judicial está detallado el relato de uno de los participantes, éste confesó a las autoridades fiscales su complicidad en lamatanza el 7 de septiembre de 2010 a las 3:30 PM en la zapatería Christopher, ubicada en la 24 calle, entre 14 y 15 avenidas del barrio San Francisco, contiguo al barrio Las Palmas.
De acuerdo con lo que comentó el participante, él vigiló la zona para identificar a los trabajadores de la zapatería que supuestamente eran simpatizantes de la mara Salvatrucha.
Desde un celular informó a los otros pandilleros que los objetivos se encontraban indefensos dentro del taller y podrían atacarlos sin problemas.
Minutos más tarde, en una camioneta Ford Scape verde menta llegaron varios sujetos, bajaron con fusiles AK-47, AR-15 y pistolas para cometer el múltiple crimen.
El Ministerio Público solicitó a los jueces que permitieran la protección para uno de los testigos de la masacre, la cual fue dada con base en las leyes del Código Procesal Penal.
Pena máxima
Marlene Banegas, fiscal de homicidios, dijo que piden la pena máxima. “Por eso a ellos los podrían condenar a unos 560 años de reclusión”, dijo.
El Ministerio Público también tendrá la tarea de llevar un historial del número de celular que utilizaron los pandilleros ese día. Otro dato expuesto es que el crimen estaba programado por los mareros para ejecutarlo el 6 de septiembre y no el 7, pero el carro que usaron tenía una falla mecánica.
El abogado defensor de los imputados declaró que sus clientes no participaron en la masacre; pero la última palabra la tendrán los togados el próximo viernes, pues a los encausados se les acusa de 17 cargos por asesinato, dos por tentativa de asesinato, uno por asociación ilícita y otro por portación ilegal de armas, lo que generaría penas de más de 560 años de prisión para cada enjuiciado.
