Una de las ultimas medidas para combatir el delito de la extorsión es la moción presentada en el Congreso Nacional para intervenir las llamadas telefónicas y una posible ampliación de la pena contra los criminales.
Sin embargo, para algunos expertos en material penal esta reforma no
aportaría ningún
beneficio ni
ayudaría
a disminuir las extorsiones, ya que el problema radica en la falta de investigación criminal.
Marcelino
Vargas, abogado penalista, aseguró que el delito de extorsión es penado con una condena de tres a nueve años desde 1985, cuando se reformó el Código Penal.
La experiencia del abogado indica que es una falacia el que a mayor
punibilidad, menos incidencia. “La investigación
empírica ha demostrado que esta
ecuación
es falsa”, manifestó Vargas.
El mayor problema que tenemos, añadió, es la investigación, pues de nada sirve que la pena sea grave cuando los
criminales
saben que no se va a descubrir el delito.
Para el abogado, el delito
disminuirá
a medida que haya una certeza en la
investigación y “estar agravando pena no
resuelve
el problema”.
'El delito de la extorsión se viene incrementando a partir de 1997, queda demostrado que el hecho de ir agravando la pena no
resuelve
el problema', enfatizó.
De manera que 'el delito hay que enfrentarlo de forma estructural, hay que buscar los factores de la
criminalidad
para buscar las medidas para no
improvisar'.
El abogado rechazó el hecho de que cada vez que surge una alarma social por un alto
índice
de
criminalidad salen a las calles más
policías
y
militares, y se habla de aumentar las penas, pero 'con eso no se va a disminuir la delincuencia'.
Para el especialista, el delincuente no hace
escogencia
de la pena y sabe que no lo van a investigar, que no van a descubrir el hecho. 'Le pueden asociar cien años a este delito y no va a pasar nada, todo va a seguir igual', recalcó.
'Lo que intimida o disuade al delincuente es saber que lo van a investigar y no la aplicación de la pena', afirmó.
Respecto a la
moción
de las escuchas
telefónicas, dijo que esto
ya es regulado por el
Código
Procesal Penal, el que
establece
los mecanismos para realizar las
escuchas
a personas que
estarían
involucradas
en la comisión
de un delito, por lo que recomendó al Congreso
Nacional
“no
improvisar”.
'Es
ocioso
estar pensando otra
regulación
cuando ya está establecido en el
Código
Procesal Penal', agregó.
Para
el abogado, las autoridades deben de “dejar de improvisar, realmente deben tomar las cosas en serio porque el tomar medidas improvisadas no
resuelve
el problema”.
Según Vargas, lo que pasa en el país es que cada vez que hay una
situación
se toman medidas pero todo esto responde a una
improvisación
y poca imaginación
Debido a esta moción, diversos sectores se han pronunciado en contra de que se aprueben las escuchas telefónicas. Los mismos diputados han dicho que las mismas
pueden ser utilizadas para espionaje y chantaje político.
