San Pedro Sula.- Las autoridades capturaron este viernes 20 de noviembre a Kensy Ivette García Torres durante un operativo realizado en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula.
De acuerdo con el informe del Ministerio Público, García es señalado por el delito de lavado de activos. Según la fiscalía, la acusado presentó movimientos financieros incongruentes y sin justificación legítima.
El reporte indica que hay un dictamen financiero que deja entrever que la hondureña habría realizado transacciones de más de 30 millones de lempiras, cuyo origen es desconocido.
Según el reporte del Ministerio Público, no es la primera vez que Kensy Ivette García Torres figura en un expediente judicial. En 2022, firmó un acuerdo de culpabilidad con la fiscalía de Miami, y la Corte del Distrito Sur de Florida la condenó a tres años de cárcel.
Durante ese proceso, García admitió que, entre 2018 y 2019, participó en un esquema de blanqueo de capitales a través del cual logró dar apariencia lícita a una suma de más de 1.8 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
De acuerdo con reportes de medios locales, la fémina recuperó su libertad en octubre de 2024, y luego regresó a Honduras.
Según el Ministerio Público, el caso avanzó gracias al intercambio de información entre agentes contra el crimen organizado de la ATIC y equipo del Buró Federal de Investigaciones (FBI), que siguieron las actividades de la acusada.
Por otra parte, la fiscalía vincula a Kensy García con el extraditable Fredy Donaldo Mármol Vallejo, a quien identifica como uno de sus socios dentro de las investigaciones que se desarollaron años atrás en el país.
Como resultado de esa operación, las autoridades estadounidenses lograron asegurar 162 bienes entre muebles, inmuebles, sociedades mercantiles, vehículos y también embargaciones.
Tras la captura ejecutada este fiernes por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) y la Policía Militar del Orden Público (PMOP), García será presentada ante los entes corresponientes para el debido proceso en el que se definirá su situación legal en el país.