El alcalde de Talanga, Roosevelt Avilez, sería procesado por el delito de desobediencia si se resiste a atender las citatorias que le giró la Fiscalía de Derechos Humanos.
En una primera citatoria, la Fiscalía lo citó para que compareciera el viernes anterior al Ministerio Público con el fin de que rindiera declaración por la denuncia que se investiga por el cierre del canal Telecentro, de dicho municipio.
Avilez no llegó, desatendió el llamado. Los fiscales trataron de localizarlo para citarlo el pasado lunes, pero el edil se excusó diciendo que no podía comparecer ese día porque se encontraba en San Pedro Sula.
La Fiscalía de Derechos Humanos lo volvió a citar para que comparezca mañana a declarar por la denuncia interpuesta por el propietario de Telecentro, Kenneth Cruz, y varios pobladores de Talanga.
Si no comparece será nuevamente requerido, lo que pondría a las puertas de ser sometido a acciones judiciales.
“Tendríamos que seguir otro procedimiento, agotar las tres citaciones y considerar si hay tal vicio de desobediencia que se deba procesar judicialmente”, advirtió el fiscal especial de Derechos Humanos, German Enamorado.
Por consiguiente, si agotadas las tres citaciones Roosevelt Avilez no comparece a declarar, sin causa justificada, la Fiscalía valoraría acusarlo por el delito de desobediencia.
Enamorado entiende que a esta Fiscalía no llegó ninguna justificación por escrito sobre a qué obedece la no comparecencia del edil.
Otra opción que se valoraría es que la Fiscalía pida al Juzgado Penal que lo cite para que sea un juez quien tome su declaración como prueba anticipada a una acusación por el cierre del canal.
Enamorado afirmó que Avilez es citado para que declare en calidad de investigado, para que responda qué tipo de participación tuvo o no en los hechos denunciados.
La Fiscalía de Derechos Humanos investiga si efectivamente Roosevelt Avilez influyó en las empresas de cable Telecable y Siriavisión para que dejaran de transmitir la señal de Telecentro.
Se argumenta que el alcalde pretende la reelección por el movimiento Azules Unidos, de Juan Orlando Hernández, y no quiere que se publicite la propaganda de sus contrincantes, solo la de él.
Este proceder lo consideran los pobladores como una actitud dictatorial y un atentado a la libertad de expresión.
