La rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
(UNAH), Julieta Castellanos, presentó este lunes un informe sobre la criminalidad policial, con el fin de sensibilizar a las autoridades para que continúen con el proceso de depuración de la Policía Nacional.
Según el Observatorio de la Violencia de la UNAH, en los últimos 23 meses, 149 personas han muerto a manos de quienes deberían defenderlos.
'Entre estos se encuentran mi hijo Rafael Alejandro Vargas
(22) y Carlos Davis Pinedad (21)', quienes murieron en octubre del año pasado, recordó la funcionaria.
De total de víctimas, 92 fueron asesinadas durante el 2011 y 57 en el curso del 2012, en su mayoría son jóvenes de 20 a 34 años
de edad, lo que representa un 60.4 por ciento de las personas que han muerto a manos de agentes policiales.
'Podríamos valorar que la disminución en los asesinatos se debe a la presión de la ciudadanía y a ciertos controles de las autoridades, pero es lamentable que los agentes sigan matando personas', opinó Castellanos.
'El principal instrumento de muerte son las
armas de fuego, que se compran con el impuesto de todos nosotros, el presupuesto que se da a la Secretaría de Seguridad se utiliza para victimizar a la población', criticó.
También destacó dos casos en La Ceiba, el de cuatro jóvenes que fueron asesinados
y sus cadáveres abandonados en un riachuelo, y el del policía que acribilló a cinco colegas.
Los días de mayor incidencia de criminalidad policial son los miércoles y jueves, ya sean hechos aislados o masacres, lo que da un acumulado de 20 personas.
En las ciudades de Tegucigalpa
y San Pedro Sula, donde se concentra la mayor cantidad de policías que atentan contra la ciudadanía hondureña, se registran más de 15 homicidios, por lo que requieren de mayor supervisión, consideró Castellanos.
El informe contiene otros delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, el robo, privación ílicita de libertad, tortura, lesiones y evasión culposa.
También denunció el extravío del arsenal de la Policía Nacional.
Aplazados
En relación a las pruebas de confianza, Julieta Castellanos explicó que 131 miembros han arrojado 'casos de decepción', que incluyen desde comisionados de policía hasta los alférez.
La Policía Preventiva
presenta mayor cantidad de datos negativos, con
70 casos de reprobados, seguido por la Dirección Nacional de Servicio Especiales de Investigación
y la Dirección General Investigación Criminal
(DNIC).
Castellanos señaló que preocupa el sistema de educación porque hay 14 cadetes que no han terminado sus estudios y están arrojando pruebas de confianza de decepción, 'lo que significa que salen de la institución ya contaminados'.
Consideró que es urgente que se continúen las pruebas de confianza e investigación del patrimonio a los miembros de la institución.
Además hizo un llamado a quienes toman decisiones, ya sean diputados o magistrados de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), para que tomen un ana determinación a favor de la depuración policial
ya que es una emergencia de Estado.
En ese sentido, comentó que el descenso de las muertes obedece
la presión de la ciudadanía, pero consideró alarmante que la que Polícia siga matando ciudadanos.
En medio del debate por la declaratoria de incostitucionalidad sobre el proceso de depuración policial de parte de la Corte Suprema de Justicia, castellanos envió un mensaje particular a los magistrados.
'Nosotros queremos hacer un llamado a la conciencia, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los mismos diputados, que se sensibilicen de un problema que es de urgente necesidad y es un problema de Estado'.
En caso de ratificarse la inconstitucionalidad de las pruebas de confianza, pidió que las autoridades protejan a la población 'desarmada' ante una institución que atenta contra la seguridad de las personas.
Aseguró que el problema se debe a la falta de coordinación entre las instituciones que tienen el deber de velar por la seguridad de las personas y evitar la corrupción en las instituciones.
El próximo 12 de diciembre, el pleno de magistrados de la CSJ se reunirá para decidir si las pruebas de confianza son inconstitucionales.
