En los últimos años, alrededor de 300 personas han sido favorecidas con medidas cautelares otorgadas por organismos de derechos humanos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Martha Sabillón Castro, viceministra de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJDH), comentó que “este tipo de medidas son acordadas por la CIDH a petición de alguna organización o de la misma persona afectada directamente, y cuando se decretan, la comunica al Gobierno de la República y luego la Secretaría de Seguridad las implementa”.
Recordó que las medidas cautelares “se consensúan con la persona beneficiaria y, aunque la oferta es limitada, de acuerdo al tipo de protección que se pueda ofrecer, en algunos casos funcionan y en otros hay algunas deficiencias donde la persona no se siente protegida”.
Sin embargo, la funcionaria espera que la población acuda y presione, porque si no dice nada y no denuncia o no demanda, las instituciones del
Estado no tratan de mejorar los servicios.
“Actualmente hay unas 300 medidas cautelares decretadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y medidas de seguridad que son decretadas por organismos nacionales”, aseguró Sabillón.
Sabemos que antes habían más, pero recientemente la Procuraduría General de la República (PGR), en conjunto con la Secretaría de Seguridad han hecho una depuración de estas medidas porque han notificado a la CIDH que en muchos casos estas medidas ya no tenían ningún sentido que estuvieran vigentes, por lo que se hizo una descarga. Actualmente hay unas 200, prosiguió la viceministra.
Al consultarle si se tienen registros de personas que debido a la inseguridad y por amenazas han tenido que abandonar el país, la defensora de los derechos humanos es sincera al manifestar que no se tiene un número exacto porque la mayoría de las personas no lo reportan o no lo dan a conocer a las autoridades de seguridad ni a través de las organizaciones de derechos humanos.
Sin embargo, dio a conocer que el número de personas que han abandonado el país “es considerable, especialmente los que han salido después del golpe de Estado, por la inseguridad que se vive en el país, ya que no sienten que las instituciones del Estado pueden protegerlas y toman estas decisiones”.
Si una persona se siente vulnerada, sus derechos o amenazada, debe acudir a denunciar ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, y si el caso consiste en la comisión de un delito, se puede acudir ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos o a cualesquiera de las fiscalías correspondientes.
