Tegucigalpa, Honduras.- La Corte de Apelaciones designada autorizó este martes al viceministro de Contingencias Nacionales y Gestión de Riesgos (Copeco), Nelson Márquez, a salir temporalmente de Honduras para cumplir con compromisos de trabajo, luego de una audiencia de revisión de medidas.
El vocero del Poder Judicial, Carlos Silva, informó que el órgano de justicia aceptó de manera parcial la solicitud presentada por la defensa de Márquez durante la audiencia.
“Se le ha dado un espacio de tiempo prudencial para salir del territorio nacional, lo que significa que se deja sin valor y efecto de manera momentánea la medida de prohibición de salir del país, esto para que él pueda cumplir con el viaje de trabajo que ha sido presentado por la defensa”, explicó Silva.
El funcionario judicial detalló que la autorización tendrá vigencia del 18 al 25 de octubre. Durante ese período, Márquez podrá salir del territorio hondureño para cumplir con el compromiso laboral presentado ante el órgano de apelaciones.
No obstante, Silva señaló que, una vez concluido el plazo autorizado, la medida de prohibición de salida del país se reactivará de manera automática. Por ello, Márquez deberá regresar a Honduras al finalizar el período establecido por el tribunal.
Investigación por demandas
Nelson Márquez figura como imputado junto a otras personas en un expediente relacionado con el supuesto drenaje de 3,084 millones de lempiras mediante demandas ilegales.
El requerimiento fiscal se remonta a hechos ocurridos después del paso del huracán Mitch en el año 2000. Según el Ministerio Público, en ese momento el Estado de Honduras, con fondos de cooperación internacional, adjudicó un contrato a la empresa estadounidense DRC Inc.
La Fiscalía sostiene que la compañía no estaba autorizada para operar en Honduras y que subcontrató de forma presuntamente irregular a la mpresa Nacional de Ingenieros S.A (Nainsa).
Según el Ministerio Público, en el año 2001 el cooperante canceló la ayuda debido a inconsistencias detectadas en el contrato. Años después, ambas empresas promovieron demandas que, de acuerdo con la acusación fiscal, se basaron en un laudo arbitral que nunca fue homologado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Acuerdo extrajudicial
La investigación fiscal también señala actuaciones de Márquez cuando ocupaba el cargo de secretario de Sedecoas.
En enero de 2020, según el Ministerio Público, Márquez remitió a la Procuraduría General un informe legal que recomendaba suscribir un acuerdo ejecutivo para evitar una "erogación mayor".
Un mes después, Sedecoas y Nainsa suscribieron un convenio extrajudicial mediante el cual acordaron pagos millonarios, al margen de los procesos judiciales que se encontraban en curso.
Posteriormente, en 2022, el juez Raymundo Gradiz Viloria admitió otra demanda millonaria contra el Estado de Honduras.
De acuerdo con las investigaciones citadas en el requerimiento fiscal, los jueces que ya conocían la nulidad del laudo arbitral continuaron ordenando pagos millonarios al margen de la ley.
