TEGUCIGALPA
La Secretaría del Congreso Nacional remitió ayer al Poder Ejecutivo el decreto mediante el cual se reforma el Código Procesal Penal que devuelve la discrecionalidad a los jueces para otorgar medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
La decreto fue turnado al Poder Ejecutivo en medio de la polémica creada ante el rechazo de diversos sectores que ven la reforma como un retroceso y un mal mensaje en la lucha contra la corrupción en el país.
Incluso, el presidente Juan Orlando Hernández advirtió en las últimas horas que podría vetar la reforma si esta no obedece al criterio del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS).
“Si de alguna manera no refleja la posición que hemos visto de debilidad de muchos jueces ante la presión de los delincuentes por amenazas, por cualquier otra circunstancia y se abre la puerta para dar las medidas sustitutivas como se daban antes, no me va a quedar más remedio que vetarlo”, dijo Hernández.
Sobre este particular, el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dijo que como vicepresidente del CNDS explicará a Hernández en qué consiste la reforma y el objetivo que esta tiene.
Recordó que esta contrarreforma le devuelve a los jueces la discrecionalidad que les fue quitada en un momento donde no había responsabilidad en el otorgamiento de las medidas.
Dijo que esta reforma tiene como base una resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y la Convención de Derechos Humanos de Ginebra, Suiza, además del apoyo de la comunidad Europea, la cooperación española y la misma institucionalidad hondureña.
Señaló que esta modificación es una medida oportuna para que se realice la revisión de algunos casos y que tuvieron como resultado inmediato la sobrecarga de los centros penitenciarios.
Polémica
La aprobación de este decreto ha abierto la polémica entre varios sectores que consideran que esta disposición va con dedicatoria para proteger a los delincuentes de “cuello blanco”.
La percepción que se tiene en los círculos sociales y políticos es que esta reforma está blindando a los funcionarios públicos para que no vayan a la cárcel por delitos de corrupción.
El diputado y secretario del CN, Mario Pérez, que presidió la Comisión que dictaminó la reforma, indicó que el Congreso Nacional espera conocer los razonamientos legales que exponga el Ejecutivo si veta ese decreto.
De estos razonamientos se pueden extraer recomendaciones para poder hacer una mejor reforma, indicó.
Según el procedimiento parlamentario, el Congreso puede aceptar el veto o, de lo contrario, ratificar constitucionalmente la reforma y mandarla a publicar a La Gaceta.
Pérez explicó que una salida salomónica a la controversia es que una vez que el juez de instrucción otorga una medida la misma será revisada por un tribunal de alzada, compuesto por tres magistrados de la Corte de Apelaciones.
Aludió que mientras esos tres magistrados no la revisen, la persona no podrá recobrar su libertad sino hasta que el tribunal decida que es correcta la decisión del juez.
El diputado liberal Hugo Hernández, por su lado, manifestó que el veto tiene que ser discutido para ser aprobado o, de lo contrario, ratificar el decreto constitucionalmente.
Diferentes sectores de la comunidad judicial califican como un atentado la advertencia de veto a la reforma, contra la libertad que tienen los jueces para poder decidir de manera independiente sobre la causa que está conociendo.
En ese sentido, Mario Díaz, presidente de la Asociación de Jueces por la Democracia, manifestó que “ponerle restricciones a los jueces vía legislación, en el sentido que no puede aplicar medidas cautelares en determinado tipo de delitos es un atentado contra la independencia judicial del juez”.
Sin embargo, expresó que dicha contrarreforma es contradictoria al espíritu de independencia judicial que debe existir.
Por su parte, el congresista Rasel Tomé señaló que “las intenciones del mandatario solo reflejan la improvisación con que gobierna el Partido Nacional, porque esta iniciativa surge de la directiva del Congreso Nacional”
