Presiones externas contra miembros de la Junta Proponente, dejarían un 'proceso viciado' en la selección de candidatos a fiscal general y adjunto de Honduras que serán presentados en las próximas horas al Congreso Nacional, aseguró este miércoles la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos.
Y es que la redefinición de criterios para la elección de candidatos a fiscal general y adjunto de Honduras ha provocado un cisma en la Junta Proponente.
Castellanos acusó hoy a Luis Eveline, representante de las universidades privadas, de alterar el proceso que ya había sido aprobado por los otros miembros de la Junta Proponente a pesar de que no estuvo presente en todo el proceso.
'La semana pasada estuvo fuera del país, según entiendo, y no llegó a las reuniones. Tampoco las universidades privadas enviaron su representante. En tal sentido, las decisiones, todas fueron tomadas en consenso', comentó la funcionaria a la radio local HRN.
Detalló que en la intensa evaluación curricular que se llevó a cabo el jueves pasado y luego de las entrevistas del sábado, se pudo determinar que algunos de los aspirantes no presentaron su título de abogado y otra documentación.
Reveló que 'hubo una pregunta general para todos los candidatos, igual para todos, para tener un marco de comparación en las respuestas, y hubo una pregunta individual que cada quien la seleccionó'.
El lunes se habría realizado una preselección de 'los mejor evaluados. Cuando decimos mejores evaluados, no quiere decir que los otros no sean profesionales competentes, respetuosos, responsables, sino que sencillamente en toda competencia y en este caso, que eran 38 miembros, obviamente uno iba quedar, o cinco mejor dicho para nosotros'.
De los 38, se pretendía preseleccionar 20 y luego 10; sin embargo, 'el representante de las universidades privadas al no haber estado ni en la evaluación curricular, no tenía la hoja que nosotros íbamos llenando (con ) todos los ítems (...) y tampoco tenía ningún referente porque no estuvo en las entrevistas, él ahí trató de que se volvieran a redefinir los criterios'.
'Nadie le dijo nada por respeto, pero nos pareció que no era procedente que al no haber estado él quisiera cambiar las reglas que nosotros habíamos definido', manifestó.
Según Castellanos, Eveline aseguró que representaba a 19 universidades en las que impartían clases profesores 'extraordinarios' que habían quedado fuera y se sentían agraviados.
'La última fase de este proceso pasaban 13 al polígrafo, de los 37 que habían concluido el proceso de las entrevistas', indicó. Uno de los aspirantes habría llegado dos horas después a realizar la prueba psicométrica, mientras los demás aún la practicaban,
Explicó que se valoraba el hecho de que un catedrático impartiera clases en el ramo de derecho penal y en el caso de los que lo hacían en otras áreas, 'no se le daba una valoración, pero no significaba que él no quedaba calificado, porque cada uno de los atributos que se definieron tenía una puntuación específica'.
Además, sostuvo que el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, Roy Urtecho, también se manifestó a favor de incluir a aspirantes excluidos en la prueba del polígrafo.
No obstante, 'si se cede a las presiones de esta etapa, vamos a estar siendo interferidos desde fuera en las etapas siguientes (...) y cuando pasemos a seleccionar los cinco van a ser las mismas interferencias, estaría siendo un proceso viciado', advirtió.
Eveline: Me debo a 19 universidades
Por su parte, el representante de las universidades privadas de Honduras en la Junta Proponente, Luis Eveline, dijo que sus palabras y propuesta para la evaluación de los 38 candidatos mediante el polígrafo son 'irrefutables' y que la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos, no tiene la última palabra.
'La rectora no tiene la última palabra. ¿O se quiere hacer un artículo de la Constitución que Julieta Castellanos tiene la última palabra en el país? ¡Es un error, yo soy hondureño y tengo voz!', reclamó.
Eveline afirmó que está dispuesto a que hagan un cambio dentro de la Junta y que 'me debo a un consejo de 19 rectores de 20 universidades en el país. Es un grupo compuesto por 14 universidades privadas y el resto de universidades públicas que son cinco'.
'Tengo un mandato de estas universidades y ahí radica mi posición dentro de la Junta Proponente para el fiscal general y el fiscal adjunto', acotó.
Señaló que el grupo de rectores acordó el fiel cumplimiento y una metodología ordenada para la selección de los cinco aspirantes mejor calificados.
Alegó que se hizo una revisión de los documentos entregados, pero no una ponderación 'para lo que vale el currículum, para lo que vale la experiencia profesional de una persona. Eso no se puede ir al cesto de la basura'.
'Cómo va a ser trascendental, por favor, una entrevista para un próximo fiscal de una pregunta... en cinco minutos, eso no vale', cuestionó.
Aseveró que las pruebas psicométricas son un instrumento importante y que no debieron descartarse 15 candidatos, porque 'aquí de locos, todos tenemos un poco'.
'Hay gente que pueden tener currículums extraordinarios, que pueden hacer una audiencia pública extraordinaria, que pueden llegar a tener también una prueba de polígrafo también muy buena. Entonces ponderemos estos datos, evaluemos una metodología ordenada, como debe ser', agregó.
Luego, recalcó que 'no se puede descartar a la gente simplemente por una prueba psicométrica. Entonces no pidamos currículum, no pidamos documentación'.
'Si doña Julieta ya sabe los nombres (de los aspirantes que aprobaron la prueba del polígrafo) y ella tiene una tendencia hacia algunos, la respeto señora Julieta Castellanos, pero yo no conozco ningún nombre', culminó.
Quiénes acudieron de los 24
Con cuatro votos a favor y tres en contra, la Junta Proponente convocó para este miércoles a la prueba del polígrafo a 24 de los autopropuestos que habían quedado excluidos tras la prueba psicométrica que se realizó a 37 de los 38 aspirantes que continuaban en el proceso.
Las llamadas para citar a los aspirantes se hicieron bien entrada la noche del martes por parte del titular de la Corte Suprema de Justicia Luis Rivera Avilés, la magistrada de la CSJ Edith López,
el presidente del Colegio de Abogados de Honduras Roy Urtecho y Luis Evelin.
Fue Evelin quien sometió a votación entre los miembros de la Junta Proponente la inclusión de los 24 abogados que quedaron descalificados tras las pruebas psicométricas. Votaron en contra la rectora Castellanos, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos Ramón Custodio y el representante de la Asociación por una Sociedad más Justa, Carlos Hernández.
No obstante, de los 24 convocados, solo 13 llegaron a la cita: Carlos Humberto Vega Martínez, Claudio Danilo Casco Meltzer, Guillermo Antonio Escobar Montalván, Gustavo Adolfo Mendoza Ponce, Juan Rafael Soto Aguilar, Manuel Enrique Alvarado Casco, Marco Antonio Zelaya Reyes, María Paulina Pérez Núñez, Nilia Raquel Ramos González, Óscar Fernando Chinchilla Banegas, Rafael Bustillo Romero, Roberto Blen Andino y Roque Erwin Germer Galindo.
Problemas de comunicación
Muchos de los abogados autopropuestos que no quedaron fuera a raíz de las pruebas psicométricas coincidieron en que existen fallas en la comunicación dentro de la Junta Proponente.
Mientras a unos se les manifestó que acudirían a un segundo grupo para efectuarse la prueba del polígrafo, a otros no se les informó de nada y se dieron por excluidos después de las pruebas psicométricas.
Incluso, uno de los abogados que acudió hoy para la segunda parte de la prueba del polígrafo, aseguró que en la llamada que recibió para citarlo le dijeron que debía presentarse al hotel capitalino a las 6:46 PM y se enteró del error cuando vio a los demás abogados en la televisión, por lo que salió de inmediato para no faltar a esta etapa del proceso.
Las reglas ya estaban establecidas
La división al interior de la Junta Proponente para elegir al fiscal general y al fiscal adjunto del Ministerio Público obedecería a “intereses”, según el representante de la Asociación por la Paz y la Justicia (APJ) en la Junta Proponente, Carlos Hernández.
“Si están cambiando las reglas del juego es porque tienen intereses, nosotros planteamos más tiempo, audiencias públicas, que fuera un proceso transparente, pero todavía aquí parece que se le tiene miedo a la transparencia”, declaró.
Aclaró que 'en ningún momento descalifiqué a ningún abogado porque ahora están tratando de justificar diciendo que se descalificó a los abogados y que por esa descalificación que yo hice es que violentaron el proceso que se definió.
