El Congreso Nacional aprobó a partir de la fecha y durante seis meses, la prohibición de que un segundo pasajero se movilice en motocicleta en todas las ciudades de Honduras.
El incumplimiento de dicho mandato acarreará el decomiso del vehículo y en caso de reincidencia la suspensión de la licencia al conductor, según el decreto aprobado la noche del miércoles por el Congreso Nacional, en una sesión a puertas cerradas.
Los congresistas aprobaron una iniciativa que fue presentada en febrero de este año por el diputado Augusto Cruz Asencio, medida que no solo busca regular la circulación de motocicletas y prohibir el segundo pasajero, sino también retomar el control de la venta y uso de este medio de transporte.
La moción también
fue presentada el miércoles por el ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla.
Entre las medidas se incluyen la actualización de datos de los propietarios de motocicletas y la acreditación de antecedentes penales por parte de los ciudadanos que las compren, con el objetivo de identificar a las personas implicadas en actividades ilícitas.
La medida se impone tras los últimos asesinatos protagonizados por sicarios que se conducían en motocicleta. En menos de 24 horas sicarios dieron muerte al exdiputado y
exasesor policial Alfredo Landaverde
y a la
periodista Luz Marina Paz Villalobos
y a su motorista Delmer Canales.
Ambos crímenes se produjeron en circunstancias similares. Hombres a bordo de motocicletas les dispararon hasta liquidarlos en el momento en que las víctimas se transportaban en sus vehículos.
La medida fue aprobada en sesión privada debido al temor de los diputados de ser víctimas del crimen organizado. En menos de una semana, dos congresistas (el nacionalista Daniel Flores y la liberal Marcia Facussé de Villeda) resultaron ilesos de atentados cometidos por hombres a bordo de motocicletas.
En otros períodos legislativos ya se había debatido la prohibición, incluso se habló de obligar a los conductores a usar chalecos identificados con el número de placa, pero fue rechazada por los usuarios de este tipo de vehículos bajo el argumento de que se violentan sus derechos.
La prohibición fue solicitada por el Poder Ejecutivo, a través del ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla, quien llegó al Congreso a pedirle a los diputados que retomaran el tema ante los últimos acontecimientos que han causado conmoción social en Honduras.
El presidente del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, pidió comprensión a los periodistas tras pedirles que abandonaran el salón de sesiones, pues en privado los diputados aprobarían medidas contundentes contra el crimen organizado.
'Se ha estipulado que sea una sola persona la que conduzca la motocicleta, no se permitirán dos personas de hoy en adelante', explicó el diputado Erick Rodríguez, quien fue designado como vocero para informar de lo acontecido en la sesión privada.
Indicó que la prohibición se extenderá por seis meses, 'mientras se buscan otras alternativas de solución al sicariato que está sucediendo en el país',
'Sabemos que va a perjudicar a un sector de la población, pero hay que tomar medidas', agregó.
Elementos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de Honduras serán los encargados de verificar el cumplimiento de la medida, mediante retenes, dijo el congresista.
Por su parte, los motorizados anunciaron una protesta para la tarde del viernes, en contra de la disposición que aseguran, afecta a sus familias.
Consejo de Defensa
Por otra parte, informó que aprobaron la Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, un órgano que está contenido en la Constitución de la República, pero que por diversas circunstancias no ha sido activado.
El Consejo Nacional de Defensa y Seguridad es dirigido por el Presidente de la República e integrado además por los titulares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y el Congreso Nacional, el fiscal general y los ministros de Defensa y Seguridad. Como parte de la aprobación del Consejo de Defensa, también crearon dos instituciones que tendrán a su cargo la ejecución de políticas de Estado en materia de seguridad y defensa.
Se trata de una Dirección de Investigación y otra de Análisis de la Información. Diputados mostraron su preocupación de que, con estos organismos, se esté retornando a la política de seguridad implantada en los años 80 con motivo de la guerra fría.
Sin embargo, en el debate se explicó que estos organismos estarán bajo la tutela de la Comisión Nacional de Defensa y Seguridad (CNDYS), un ente constitucional, el que se decidió reactivar con el fin de que estructure y dirija las políticas públicas sobre la materia.
El CNDYS está integrado por los titulares de los tres poderes del Estado, lo dirige el Presidente de la República y participan como miembros los secretarios de Defensa y de Seguridad, de Justicia y Derechos Humanos y el fiscal general del Estado.
Sobre esta decisión, ninguno de los diputados amplió detalles como parte del hermetismo que primó en las dos sesiones privadas celebradas por el Congreso en las que se aprobaron medidas para endurecer la lucha contra el crimen organizado.
La oficina de Información y Análisis hará labores de inteligencia, sobre todo de monitoreo de la información que se difunde en los medios de comunicación que tenga relación con el tema de seguridad y el comportamiento de los operadores de justicia.
