TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Quienes en el
Instituto Nacional Penitenciario (
INP) se apropiaron de los fondos para el pago de indemnizaciones usaron un dinero que les será “maldito, está teñido de sangre, era de personas fallecidas independientemente de su condición, algunas incluso no estaban sentenciadas y le abarcaba el principio de inocencia”, dijo
Carlos Paz, director de Cáritas de la Diócesis de San Pedro Sula.
Cáritas, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ( ERIC) y la Pastoral Penitenciaria son los representantes de los familiares de las 107 víctimas del incendio ocurrido en el penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004. Por este hecho, la Corte Interamericana sentenció al Estado hondureño a pagar a los parientes de las víctimas un total de 33,950,000 lempiras, de los cuales, hasta diciembre de 2019, el INP -a cargo de las reparaciones- solo había cancelado 17,711,565 lempiras, faltando hacer efectivos 16,238,434 lempiras.
EL HERALDO conoció la existencia de un desfalco de más de 13 millones de lempiras de los fondos que el Estado había destinado para estas indemnizaciones, sobre lo cual los coroneles a cargo del INP guardan silencio.
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Las autoridades del INP guardan silencio ante el desfalco de más de 13 millones de lempiras. Foto: El Heraldo
Recordó que en un primer momento se había considerado un fideicomiso, “sin embargo, fuimos viendo que el tiempo pasaba y no se cumplía la sentencia, ante la demora finalmente se acordó que el Estado pagara directamente a los familiares de las víctimas”.
Hay parientes que no comparecieron porque no escucharon los llamados, otros porque no tenían toda la documentación. Incluso hay madres que fallecieron esperando esa indemnización, en otros casos los hijos de los fallecidos crecieron y lastimosamente lo que tenía que haber sido un mecanismo de prevención no funcionó; varios jóvenes cayeron en las redes de las maras.
Algunas familias sí lograron acceder a los fondos y los utilizaron para mejorar su casa y lograr que sus hijos estudien, “pero llama poderosamente la atención el desvío de estos recursos restantes por las redes de corrupción. Yo diría que utilizarán un dinero que les será maldito, está teñido de sangre, era de personas fallecidas independientemente de su condición, algunas incluso no estaban sentenciadas y les abarca el principio de inocencia”, lamentó Paz.
“Si bien es cierto ellos presentan unos informes a la comunidad internacional, pero la realidad en cuanto a los familiares de las víctimas es otra. Pedimos un informe de rendición de cuentas en donde se establezca dónde está el dinero que fue asignado para los familiares en concepto de indemnización de perjuicios por la muerte de sus parientes dentro de la prisión de San Pedro Sula”, demandó la comisionada.
Informó que hay familiares que se han abocado al Mecanismo de Prevención preguntando por esa indemnización porque efectivamente hay muchos que no la han recibido. “En el último informe del 13 de enero de 2020 que fue presentado por el Estado (se) estableció que están pendientes 16,238,434.12 lempiras de ser desembolsados a los familiares de las víctimas de esa situación tan lamentable”, confirmó.
Agregó que si bien es cierto que la parte toral de la sentencia es la reparación a los familiares de los fallecidos en el incendio del penal, también se establece la obligación del Estado de realizar reformas legales y mejorar la infraestructura penitenciaria.
La administración de los penales por parte de los militares está salpicada por este escándalo de corrupción. Foto: El Heraldo ES DE INTERÉS: Más de 300 millones de lempiras se han pagado por préstamos del Trans 450
Cáritas, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación ( ERIC) y la Pastoral Penitenciaria son los representantes de los familiares de las 107 víctimas del incendio ocurrido en el penal de San Pedro Sula el 17 de mayo de 2004. Por este hecho, la Corte Interamericana sentenció al Estado hondureño a pagar a los parientes de las víctimas un total de 33,950,000 lempiras, de los cuales, hasta diciembre de 2019, el INP -a cargo de las reparaciones- solo había cancelado 17,711,565 lempiras, faltando hacer efectivos 16,238,434 lempiras.
EL HERALDO conoció la existencia de un desfalco de más de 13 millones de lempiras de los fondos que el Estado había destinado para estas indemnizaciones, sobre lo cual los coroneles a cargo del INP guardan silencio.
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Incumplimiento
“En el contexto que vivimos en Honduras, realmente no me sorprende la malversación. Este pago es una determinación de la Corte como una medida de reparación y de justicia”, dijo Paz.Recordó que en un primer momento se había considerado un fideicomiso, “sin embargo, fuimos viendo que el tiempo pasaba y no se cumplía la sentencia, ante la demora finalmente se acordó que el Estado pagara directamente a los familiares de las víctimas”.
Hay parientes que no comparecieron porque no escucharon los llamados, otros porque no tenían toda la documentación. Incluso hay madres que fallecieron esperando esa indemnización, en otros casos los hijos de los fallecidos crecieron y lastimosamente lo que tenía que haber sido un mecanismo de prevención no funcionó; varios jóvenes cayeron en las redes de las maras.
Algunas familias sí lograron acceder a los fondos y los utilizaron para mejorar su casa y lograr que sus hijos estudien, “pero llama poderosamente la atención el desvío de estos recursos restantes por las redes de corrupción. Yo diría que utilizarán un dinero que les será maldito, está teñido de sangre, era de personas fallecidas independientemente de su condición, algunas incluso no estaban sentenciadas y les abarca el principio de inocencia”, lamentó Paz.
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A su criterio, en la reparación, cumplimiento de las reformas y en términos de rehabilitación de los establecimientos penitenciarios, “el Estado todavía está en condición de incumplimiento”.
Cada año el Estado debe rendir un informe de cumplimiento a la Corte, pero este año no ha presentado nada. “Supongo que tendrá que pronunciarse gracias a la denuncia que EL HERALDO ha hecho, tendrán que decir algo al respecto, porque en el último informe del año pasado no dijeron nada”, manifestó Paz.
Afirmó que -ante el mutismo del Estado- Cáritas, la Pastoral Penitenciaria y el ERIC ya están hablando “de acudir a la Corte a presentar información adicional de esto y del proceso de incumplimiento de la sentencia”.
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Rendición de cuentas
Por su parte, Glenda Ayala, titular del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura ( Conaprev), pidió a las autoridades penitenciarias que presenten un informe de rendición de cuentas. “Nos llama la atención que hay una gran cantidad de fondos que se asignan al Instituto Nacional Penitenciario por parte el Estado y no hay un informe de cumplimiento”.“Si bien es cierto ellos presentan unos informes a la comunidad internacional, pero la realidad en cuanto a los familiares de las víctimas es otra. Pedimos un informe de rendición de cuentas en donde se establezca dónde está el dinero que fue asignado para los familiares en concepto de indemnización de perjuicios por la muerte de sus parientes dentro de la prisión de San Pedro Sula”, demandó la comisionada.
Informó que hay familiares que se han abocado al Mecanismo de Prevención preguntando por esa indemnización porque efectivamente hay muchos que no la han recibido. “En el último informe del 13 de enero de 2020 que fue presentado por el Estado (se) estableció que están pendientes 16,238,434.12 lempiras de ser desembolsados a los familiares de las víctimas de esa situación tan lamentable”, confirmó.
Agregó que si bien es cierto que la parte toral de la sentencia es la reparación a los familiares de los fallecidos en el incendio del penal, también se establece la obligación del Estado de realizar reformas legales y mejorar la infraestructura penitenciaria.
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