Honduras está profunda y peligrosamente dividida, el estrecho margen de triunfo, en el nivel presidencial, así lo evidencia. La pasada elección es el reflejo del descontento de la gente por la creciente desigualdad social, las instituciones cooptadas por el poder político y económico y la corrupción e impunidad en las élites.
Hago la salvedad que esta es la excusa, muy bien utilizada, por la cavernícola y corrupta izquierda de Libre, para presentarse como la alternativa, pero muchos sabemos que esa medicina sería infinitamente peor que la enfermedad.
Ante esta coyuntura tan delicada, el nuevo gobierno de Juan Orlando Hernández no puede ni debe gobernar como los pasados cuatro años, de lo contrario no terminará su período por la convulsión social y política que se vendría. Llegó la hora de instalar un gran diálogo nacional, incluyente y sincero, que desemboque en prontas profundas reformas del Estado y su institucionalidad.
Este diálogo nacional debe abordar reformas políticas, con miras a producir una nueva Ley Electoral que corrija la partidización de los órganos electorales y registrales, así como los problemas legales e institucionales que hemos tenido.
Se requiere analizar el funcionamiento del Ministerio Público, Tribunal Superior de Cuentas y de la Corte Suprema de Justicia, para empezar un proceso de independencia que garantice la lucha contra la corrupción y una justicia igualitaria y pronta.
Pero además, no se puede omitir el clamor ciudadano por justicia social, ello implica reformas que garanticen el acceso a educación de calidad a los pobres, atención prioritaria al sistema de salud, no más hospitales ni centros de salud sin medicinas ni médicos calificados.
Urge un diálogo que conduzca a reformas profundas en aspectos económicos fundamentales, tal es el caso del sistema bancario nacional que es un freno al desarrollo nacional, la falta de acceso a la tierra para los campesinos, revisar los privilegios fiscales a empresarios que prometen generar empleo y no cumplen, analizar el marco legal de las concesiones o privatizaciones, entre otros temas.
Si este diálogo implica una nueva Constitución, adelante con ella. Lo que Hernández no puede ni debe hacer son paliativos a la crisis.
