Una de las prácticas más comunes de las autoridades municipales y gubernamentales es anunciar grandes proyectos de infraestructura que nunca son concluidos ni entregados. Los beneficiarios suelen ser personas de escasos recursos, muchas veces víctimas de desastres naturales. Uno de tantos casos es el documentado por el equipo investigativo de Diario EL HERALDO: el proyecto habitacional Villa Solidaridad. En 2022, la obra fue anunciada con bombos y platillos por el entonces alcalde de Tegucigalpa, Jorge Aldana, para apoyar a los damnificados por el deslizamiento de tierra en la colonia Guillén.
El proyecto consistía en la construcción de 105 viviendas con cocina, sala, comedor, dos habitaciones (con opción a una tercera), baño, garaje, tanque de almacenamiento de agua y sistema de recolección de lluvia. Todas las unidades contarían con acceso a servicios básicos, áreas verdes y criterios ambientales. Los posibles beneficiarios visitaron el sitio de construcción y regresaron con la esperanza de que, finalmente, una autoridad municipal les ayudaría a iniciar una nueva vida en un sitio seguro.
Pero nada pasó.
Si bien el proyecto inició, nunca se concluyó. Según las investigaciones, la Alcaldía otorgó tres contratos a la constructora, la cual habría recibido el 20% del valor total de la obra. Lo sucedido no asombra a quienes ya están acostumbrados a este tipo de promesas incumplidas. En medio de la tragedia y el dolor de perderlo todo, llegan políticos a ofrecer “el sol, la luna y las estrellas” sin concretar jamás sus ofrecimientos.
Las nuevas autoridades municipales, lideradas por Juan Diego Zelaya, aseguran que buscarán otra empresa para finalizar las viviendas. Se valora la intención; no obstante, es imperativo que se investigue y transparente el uso de los recursos. Deben deducirse responsabilidades, ya sean penales o administrativas, a quienes incumplieron los plazos. Normalizar el mal accionar de los funcionarios públicos solo abre la puerta a que la corrupción florezca en la administración pública.
