Esta semana, la sociedad hondureña ha sido golpeada por el asesinato de una conocida maestra jubilada en la comunidad de El Rosario, Comayagua. Pero ella no es la única: una enfermera murió asfixiada en su casa de habitación en San Manuel, Cortés. En lo que va de 2026, más de 100 mujeres han perdido la vida en hechos violentos en varias regiones del país, con el agravante de que más del 95% de los casos permanecen en la impunidad.
Desgraciadamente, la muerte de mujeres es un hecho que parece estarse normalizando en la sociedad ante la pasividad de las autoridades encargadas de proteger sus vidas.
En medio de la desesperanza, desde el Congreso Nacional se anuncia la discusión de reformas al Código Penal encaminadas a endurecer las penas por el delito de femicidio, así como la creación de órganos jurisdiccionales especializados para investigar todas las formas de violencia contra la mujer. La intención es contar con operadores de justicia capacitados en materia de violencia de género y garantizar una atención más integral a las víctimas y sus familias.
A lo largo del tiempo, en el país se han impulsado reformas y programas destinados a atender esta problemática; sin embargo, han resultado en un total fracaso a la luz de las estadísticas de violencia de género que, incluso, colocan a la nación como la más femicida del continente.
Aumentar las penas no es la solución definitiva al problema, pero sí funciona como un importante disuasivo. Asimismo, es crucial que se busquen agilizar los procesos de impartición de justicia en todos y cada uno de estos casos, garantizando así que la impunidad no siga siendo la bandera que ondee en el país. Este es un tema que no solo compete al ámbito legislativo y que se debe tratar con suma responsabilidad. Debe abordarse desde el hogar, la escuela y la universidad, enseñando valores de respeto a la vida, mientras que las entidades gubernamentales y no gubernamentales deben definir claramente los mecanismos de protección y los canales de denuncia. La aprobación de las reformas al Código Penal es importante, pero no suficiente. Queda mucho por hacer para garantizar la vida de las mujeres y las niñas.
