Esta semana ha continuado el estira y encoje entre las autoridades sanitarias y el gremio médico, que cumple dos semanas en paro en reclamo del pago de salarios atrasados a varios de sus afiliados.
Si bien el presidente Asfura ha asegurado que su Gobierno ya completó el pago del 100 % del bienal y del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondientes a los médicos hasta el 31 de agosto de 2026, el Colegio Médico de Honduras (CMH) demanda la liquidación de los salarios retrasados y mantiene las “asambleas informativas” hasta que los pagos se concreten en su totalidad.
Son muchos los acuerdos firmados entre las partes en conflicto, pero el incumplimiento constante reaviva la confrontación y mantiene al personal médico apartado de sus actividades laborales habituales.
Las acciones de los galenos afectan gravemente a miles de pacientes que acuden a los hospitales públicos en busca de atención. Aunque las emergencias se mantienen operativas, el sistema de citas, las consultas externas y las cirugías programadas se encuentran suspendidas.
Decenas de usuarios exigen una solución inmediata al conflicto, ya que no cuentan con los recursos financieros para acudir al sector privado. La situación es crítica y golpea con mayor fuerza a los sectores más vulnerables del país.
El reclamo de los médicos es válido, y también lo son los argumentos del sector oficial que aduce tener que cumplir con todo el riguroso proceso burocrático previo a los desembolsos.
Sin embargo, ambas partes están llamadas a encontrar una respuesta definitiva: un mecanismo que garantice el pago puntual a los médicos y, al mismo tiempo, asegure la prestación continua e ininterrumpida de los servicios de salud. Prolongar esta parálisis solo profundiza el sufrimiento de miles de familias hondureñas.
