En Tegucigalpa, las autoridades municipales están dando pasos casi imperceptibles en medio del caos y los problemas estructurales que golpean a la capital hondureña y a sus casi dos millones de habitantes.
Tanto es así que la noticia publicada la semana pasada -en la que se informaba que la Policía Municipal recuperó 73 espacios públicos y áreas verdes en el Distrito Central entre el 25 de septiembre y el 14 de octubre de 2026- apenas llamó la atención de una población concentrada en resolver urgencias inmediatas, como la escasez de agua en las represas o las inundaciones provocadas por las lluvias.
En la capital, al igual que en otras ciudades del país, se ha normalizado la apropiación indebida de áreas verdes y espacios públicos por parte de particulares que les dan diversos usos, en detrimento de las comunidades.
Incluso existen casos en los que vías públicas son alquiladas por directivas de barrios seguros para recaudar fondos destinadas al pago de seguridad privada o, en casos extremos, comercializadas sin autorización.
Las autoridades municipales han sido enfáticas al señalar que “la vía pública es de todos y nadie tiene derecho a apropiársela. Las calles son para circular, no para colocar maceteras u obstáculos que impidan el libre tránsito”, un mandato que lamentablemente muy pocos respetan.
Por ello, resulta positivo que la alcaldía atienda las denuncias ciudadanas. Sin embargo, el verdadero desafío radicará en garantizar que los sitios liberados no sean reocupados días después. En esta labor, la ciudadanía también debe asumir su papel y velar por el cumplimiento de la ley.
Ante la desorganización que prevalece en la ciudad, resulta impensable seguir cediendo calles, aceras y parques a favor de intereses particulares. La vía pública no es una extensión del patio privado ni un espacio disponible para el antojo particular
